Durante las últimas semanas, uno de los temas de mayor eco en el espacio de la discusión pública local giró en torno a las movilizaciones de diversos grupos de transportistas, quienes demandaban un aumento generalizado en la tarifa del transporte público concesionado. Finalmente, y después de una jornada en la que se presentaron bloqueos y manifestaciones por parte de tales grupos, el gobierno de la CDMX informó que las mesas de diálogo derivaron en el acuerdo para la actualización de dicha tarifa.
Por ello, a partir de hoy, los usuarios del transporte público concesionado de la capital del país tendrán que destinar un peso más para sufragar el gasto que implica ejercer su derecho a la movilidad.
Con ese telón de fondo se vislumbra la oportunidad y pertinencia de reflexionar en torno a uno de los grandes pendientes de las autoridades para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de la población.
Esto, habida cuenta de que el derecho a la movilidad se encuentra plenamente reconocido en el artículo 4º de la Constitución, indicando expresamente que tal derecho habrá de ejercerse en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Y es que, a pesar de algunos esfuerzos aislados en el ámbito local, en términos generales, el transporte público en nuestro país sigue careciendo de mecanismos eficaces para garantizar la integridad de sus usuarios, lo cual implica que la población —especialmente la más vulnerable— no pueda ejercer a cabalidad y en condiciones de seguridad un derecho que permite el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la educación, a la salud y al trabajo. Lo anterior encuentra eco en la medición de diversos indicadores.
Por ejemplo, la Evipe de 2020 estimó que, durante 2019 , tuvieron lugar aproximadamente 30 millones de delitos asociados a 22 millones de víctimas, siendo que el mayor porcentaje se asocia a delitos cometidos en la vía pública o en el transporte público. Asimismo, según un estudio de México Evalúa, durante 2019 en nuestro país se cometieron cada hora aproximadamente 933 asaltos en la calle o en el transporte público, y cada uno de estos delitos costó a las víctimas en promedio cinco mil 88 pesos.
Esta problemática se torna aún más compleja al incorporar en su evaluación el impacto que ocasiona en perjuicio de algunos de los sectores más vulnerables de la sociedad, tales como las mujeres. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Stanford, una mujer que se traslada hasta 15 minutos en transporte público tiene una probabilidad de 28 por ciento de ser víctima de acoso sexual, y para trayectos mayores a dos horas dicha probabilidad aumenta hasta un alarmante 53 por ciento.
En tales circunstancias, y más de allá de los esfuerzos emprendidos para optimizar el transporte público en términos de tiempos de traslado, se vislumbra un espacio de oportunidad muy relevante para que la Federación, las entidades federativas y los municipios fortalezcan y profundicen las acciones de coordinación para diseñar e implementar políticas públicas que garanticen que la movilidad urbana se realice en condiciones de seguridad, mediante el establecimiento de mecanismos novedosos de vigilancia y respuesta rápida ante la ocurrencia de delitos en el transporte público.
EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
MAAZ
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