Las cadenas de suministro globales están afectadas. Ante ello, el Reino Unido acusó en abril una inflación del 9 por ciento: la más alta desde 1982. Peor, según la prospectiva del Banco de Inglaterra, ésta conocerá un pico de 10 por ciento para fines de año. La gasolina y otros combustibles, así como los alimentos, han alcanzado precios récord en ese país en las últimas semanas. A partir de la funesta coincidencia que constituye la entrada en vigor del Brexit en mayo de 2021, la seguridad alimentaria de los británicos podría verse amenazada para 2023. Por si fuera poco, el gobierno de Boris Johnson anunció hace unos días su intención de recortar 91 mil plazas laborales de servidores públicos.
En tan adverso contexto, el primer ministro enfrenta además una crisis de credibilidad que ha redundado en una de gobernabilidad. En desafío a las regulaciones vigentes en su país durante el pico de la pandemia, que prohibían las reuniones sociales de más de 6 personas en espacios cerrados, Johnson habría celebrado y/o asistido a 18, todas con servicio de comida y bebida, alguna con música de ABBA a todo volumen. El intento fallido del primer ministro de identificar muchas como reuniones de trabajo no ha hecho más que erosionar más el valor de su palabra, lo que ha redundado en un cúmulo de mociones de censura de legisladores de distintos partidos, incluido el suyo propio. Dado el sistema parlamentario que rige el Reino Unido, hoy la permanencia de Johnson se ve amenazada de manera seria e inminente.
¿Cuál ha sido su reacción? Una no sólo irresponsable sino tristemente eficaz: la filtración de que en pocos días emitirá un decreto que permitirá que productores y tenderos británicos vuelvan a vender sus (cada vez más escasos y encarecidos) productos etiquetados con pesos y medidas del sistema imperial (yardas y onzas) y no del métrico.
Matemáticamente impráctico (no se rige por un parámetro decimal), geográficamente restringido, sólo es oficial ya en Estados Unidos, Birmania y Liberia, y chocantemente chovinista, de ser adoptado en sustitución al métrico, el sistema imperial tendría el efecto (más indeseado que nunca) de entorpecer las exportaciones, particularmente a una Unión Europea donde el etiquetado en unidades métricas es obligatorio. Pero, peor aún, al ni siquiera ser mandatorio el inminente decreto, abrirle un espacio en la discusión pública es ocioso: sirve sólo para ofrecer a los británicos un canal inocuo para encauzar su indignación política, para distraer la atención de la opinión pública con una cortina de humo que oculta una crisis mayor.
Sírvanos de admonición antes de volvernos a poner a discutir sobre aviones no rifados o penachos repatriados. O, como ahora, sobre si debe permitirse fumar en parques y playas o no.
POR NICOLÁS ALVARADO
IG: @nicolasalvaradolector
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