Las instituciones importan. Son las reglas del juego. El arreglo institucional moldea el comportamiento y ordena preferencias. En gran medida, el advenimiento del populismo autoritario que padecemos se debe a que desdeñamos por lustros una reforma institucional enraizada en los principios, valores y prácticas que son comunes en las democracias liberales.
En aras de quitarle al INE el monopolio de la organización electoral y a los comicios su cariz ciudadano, el presidente envió al congreso una propuesta de reforma política que incluye, entre otras medidas: eliminar legisladores plurinominales tanto en la cámara baja como en el Senado, la elección de consejeros y magistrados electorales por medio del voto popular y la reducción de financiamiento público a partidos.
Hay propuestas razonables y también disparates. No importa: el bodrio debe de ser desechado ya que su único interés es cooptar a los órganos electorales. Esta propuesta debe de ser ignorada en su totalidad por el simple hecho de que proviene de un régimen corrupto que opera al margen del marco normativo institucional. El gobierno posterior al obradorato tendrá que abocarse a construir un entramado institucional que permita la realización de elecciones libres y limpias donde se respeten los resultados; se obligue a los políticos y funcionarios a rendir cuentas y se destierre la corrupción (que no se esfumará por decreto o por emular la supuesta probidad presidencial).
Una vez que concluya la presente administración y a la par del esfuerzo de reconstrucción nacional se tiene que dar un proceso de robustecimiento institucional que regrese a México al sendero de la transición democrática. Este ajuste normativo tendrá el objetivo de crear un andamiaje institucional que trascienda los gobiernos emanados del PRI y del PAN, afiance los cimientos de la democracia liberal y blinde a México de futuros populismos autocráticos.
Estas nuevas normas deberán contener mecanismos que promuevan la rendición de cuentas, al emitir amenazas creíbles de que los políticos o burócratas que infrinjan la ley serán relegados al ostracismo social. Idealmente, construirán un ecosistema competitivo en la oferta de bienes públicos para reducir la extracción de rentas y por ende contribuir a suprimir corruptelas.
Este marco normativo deberá incluir un nuevo modelo de competencia política donde se responsabilice a los gobernantes de sus acciones; donde la amenaza de ser castigados con el voto popular por una mala gestión obligue a que se alineen la función de utilidad ciudadana con la de los cuerpos burocráticos.
De los primeros cambios que se deben hacer para fortalecer al poder legislativo es la reelección indefinida sin la intervención del presidente o de los liderazgos partidistas y -por contraintuitivo que parezca- regresarle el fuero a los legisladores. Otras medidas que se deben adoptar son: acortar el periodo presidencial a cuatro años y que haya reelección presidencial consecutiva por un máximo de dos periodos. En una nuez, hay que emular al sistema presidencial estadounidense, ya sobrevivió la primera iteración del Trumpismo.
POR ALEJANDRO ECHEGARAY
POLITÓLOGO
@AECHEGARAY1
MAAZ