Apunta la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el papel del Ejército Mexicano durante el período 1946-1965:
El Ejército mexicano, como heredero de una revolución, era considerado como un ejército popular. Había sido el apoyo del reparto agrario, de la afirmación de los derechos obreros, de la expropiación petrolera y de múltiples iniciativas legales de avanzada, sobre todo de la aplicación de la Constitución de 1917.
Pero bajo el gobierno del Presidente Manuel Ávila Camacho, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, sus funciones empezaron a cambiar, se incrementaron de manera notoria, al grado de que entre 1942 y 1943, vivió una serie de transformaciones que abrieron paso a un nuevo enfoque de la política de seguridad nacional que tendió a militarizar el país.
En aras de la Unidad Nacional y la paz social, se le hizo intervenir en la represión de huelgas, para disminuir la influencia de la izquierda y combatir la independencia sindical, así como en la resolución –por la fuerza- de los conflictos post electorales, desde luego en aval de las imposiciones. Y de paso, en los negocios turbios –incluidos el narcotráfico y el contrabando- que caracterizaron ese período.
Es lugar común decir que con el sexenio de Alemán se consolidó el régimen civil, al ser el primero del periodo posrevolucionario.
Sin embargo, la realidad fue que justo en su gobierno se confeccionó un régimen en el que a la vez que se impulsaba la exclusión de los militares del proceso electoral -obvio es que con dedicatoria-, se incrementaron las tareas del Ejército en ámbitos para los que no se había diseñado y, paradójicamente, siempre bajo el pretexto de la subordinación al poder civil.
Eso permitió a los gobiernos mexicanos tomar distancia de las dictaduras militares, y presumir su calidad de “democracia”, con la ventaja de tener subordinado al cuerpo castrense a los designios del poder civil, asienta el texto elaborado desde la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por la Violencia Política del Estado durante el pasado Reciente.
En palabras de Camilo Vicente Ovalle (“Tiempo suspendido”): “La desmilitarización del sistema político mexicano, cuyo hecho representativo fue la llegada a la presidencia de Miguel Alemán, el primer civil en ese encargo, no significó una pérdida de influencia de los militares en el ámbito político, sino una especie de desplazamiento negociado. Un acuerdo en el que los militares estarían fuera del escenario político principal, a cambio de prebendas económicas y de estatus, y el Ejército seguiría siendo uno de los pilares del gobierno civil, creando una imagen de una ‘institución apolítica’.”
Lo más grave, asienta la Recomendación 46/2022 de la CNDH, fue que se dio en recurrir al Ejército no sólo para defender al gobierno sino, previo a la sucesión presidencial de 1952, para hacer franco proselitismo político, que hasta (el general Lázaro) Cárdenas reaccionó: “Hoy como ayer, nuevamente los ‘jefes’ hacen ‘su’ labor política en el seno del Ejército, sin que el mando lo evite y sin que haya un organismo que controle sus actividades políticas. ¿El resultado? División y anarquía entre el mismo Ejército y amenaza al libre ejercicio electoral”.
PD.- Este Alhajero toma unos días de descanso. Nos reencontramos el 18.
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GEMAS: Obsequio de la CNDH: “Lastimosamente, la memoria entre más pasa el tiempo más se esconde, sobre todo si es opuesta a la oficial. Por ello, en un contexto como el que nos atañe de Violencia Política de Estado, peligra su transmisibilidad a las siguientes generaciones, aún con las resistencias al olvido de grupos de la sociedad civil, que es necesario saber superar”.
POR MARTHA ANAYA
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