El pasado 3 de mayo se cumplió un año del trágico accidente de la línea 12 del Metro. Desde entonces el gobierno de la ciudad de México ha buscado establecer un mecanismo de justicia restaurativa que priorice el vínculo directo con los sobrevivientes y familiares de víctimas. En un país donde la impunidad es una dura lección aprendida, vale la pena reflexionar sobre este modelo de justicia a la luz de este grave acontecimiento.
En una reciente aparición televisiva, la especialista Vanessa Romero nos recuerda que la justicia restaurativa fue parte de la reforma constitucional de 2008. Esta modalidad de impartición de justicia centra su atención en la responsabilidad del agraviante frente a las víctimas y tiene como objetivo establecer algún tipo de reparación del daño ocasionado. Como tal es una vía complementaria a los circuitos más tradicionales de justicia punitiva.
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En este sentido, una de las medidas tomadas por el gobierno de la ciudad de México ha sido la de ofrecer algún tipo de compensación a las víctimas. Para ello se han destinado desde una indemnización económica hasta apoyos sociales como becas, acceso a vivienda y empleo. En este mismo registro la fiscalía estableció un fondo económico a favor de las víctimas. Estas medidas han sido formuladas y ejecutadas en apego a la ley de víctimas.
Todas estas medidas implican un reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad frente a tan grave acontecimiento. Las dudas legítimas de la ciudadanía respecto a este modelo es que podría significar algún tipo de artilugio para comprar el silencio de las víctimas. En realidad, en un país en donde el sistema de procuración de justicia suele llevar a las víctimas a un sinuoso camino lleno de obstáculos y trabas, la justicia restaurativa ofrece una alternativa rápida y expedida en la cual las víctimas y su situación social adquiere un lugar central.
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Es evidente que el modelo de justicia restaurativa no reemplaza la obligación del Estado de esclarecer los hechos (derecho a la verdad) y deslindar responsabilidades administrativas y penales. Este es un camino que deberá seguir su curso y ningún tipo de compensación o reparación del daño puede dar por concluido este circuito legal. Se trata de derechos de las víctimas que no pueden ser negociados y transferidos.
El caso de la línea 12 nos sirve para reflexionar los límites y alcances de las diferentes modalidades de justicia que tenemos a disposición en el país. En este sentido, la justicia restaurativa es una herramienta más a disposición de las víctimas en un país que ha hecho de la lucha contra la impunidad un hábito ciudadano.
POR ADRIÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ
COLABORADOR
@ADRIANVR7
MAAZ
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