A un año de la tragedia de la Línea Dorada del Metro de la Ciudad de México, aún no se determinan responsables. Apenas ayer, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX anunció que se imputa a ocho exservidores públicos (incluido Enrique Horcasitas), así como a dos representantes de personas morales, por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño culposo, tras el colapso de dos trabes cerca de la estación Olivos del Metro. Ese anuncio se dio más como una respuesta al reclamo social que a un interés por impartir justicia. Son 26 muertos el saldo de una deficiente construcción y la falta de mantenimiento; 26 familias cuya vida cambió para siempre.
Casi un centenar de personas resultaron heridas, algunas aún requieren terapia para su rehabilitación total o parcial. Se conoce de sobra: ‘el triunfo tiene muchos progenitores, pero la derrota es huérfana’.
En las inauguraciones todos quieren aparecer en la foto; en ocasiones hasta aceleran el paso para lograrlo. Sin embargo, ante la tragedia, en este caso, pareciera que los únicos culpables son unos pernos. Sí, como si los pernos hubieran decidido no “aparecer en escena”. Tan sólo en el tramo colapsado faltaba 35% de los necesarios, y los instalados mostraron deficiencias. La investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), luego de analizar todas las bitácoras, señala qué errores hubo en la L12 en todas sus fases: diseño, construcción, reparación, adecuaciones y mantenimiento.
Ante la desidia por parte de las autoridades para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, algunas víctimas directas o familiares de estas anunciaron que buscarán justicia en Estados Unidos.
Presentarán una demanda civil contra el consorcio de empresas que construyó la L12 ante la Corte del estado de Nueva York. Sólo dejarán fuera a Grupo Carso, pues con este ya llegaron a un acuerdo reparatorio de carácter confidencial.
Esta demanda estará acompañada en México de otra ante la Fiscalía de la capital y un recurso administrativo contra el gobierno de la CDMX.
La decisión de demandar en EU se basa en tres vertientes: la primera es que aquí no se les ha hecho justicia y quieren hacer patente esa falta de atención. Segundo, dado que las empresas a las que se les reclama tienen domicilio en EU, pueden ser demandadas allá. Tercero, siguieron el mismo camino que ha tomado el gobierno federal mexicano al demandar a productores de armas de Estados Unidos. Sin duda, la poca rendición de cuentas y la impunidad en torno a esta tragedia será una sombra que acompañe las campañas de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard rumbo al 2024. Y con justa razón, pues justicia para las víctimas de la L12 debiera ser prioridad, pero se les olvida.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
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