Esta semana, miré con asombro como la urgencia de una nación sacudida por la violencia masiva en espacios públicos sucumbió, nuevamente, ante el desinterés de políticos incapaces de asimilar la tragedia y asumir su responsabilidad moral y constitucional de proteger a la población.
En todo Estados Unidos hay muchas leyes que protegen a la infancia, tanto en entidades conservadoras o liberales, existen procesos rigurosos, sobre quién, por ejemplo, puede acceder a la adopción, trabajar en una escuela, llevar la tutela de un menor, etc. Hay un régimen regulatorio exigente en virtud de la protección de los niños ante posibles situaciones de riesgo, sin embargo, cuando se trata del acceso a las armas de fuego, no existe un impedimento real que evite que un niño pueda ser asesinado en la escuela.
Mientras que facciones del grupo republicano insisten en repetir el discurso sobre honrar a las víctimas de la tragedia y rezar por ellas, la realidad es que hoy en Estados Unidos más niños, adolescentes y adultos jóvenes mueren a causa de un arma de fuego que en accidentes automovilísticos, que hasta 2017 fuera la principal causa de decesos en este grupo de edad. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Alabama, en Estados Unidos ocurrieron el 31% de todas las masacres en masa entre 1966 y 2012 del mundo.
No obstante, en años recientes se ha ido generando una subcultura patológica que concibe a las armas no sólo como una herramienta útil, recreativa o una forma de defensa propia, sino como un artículo que se adquiere con el único propósito de generar violencia en masa. Esa misma violencia que abiertamente se publicita en medios de comunicación en los que se vende la ilusión de pertenecer a las fuerzas armadas o, incluso, se formula como una apología a temas inherentes de los grupos del crimen organizado que incentivan el flujo ilegal de armas desde los Estados Unidos hacia México.
En ese sentido, el gobierno federal anunció que seguirá firme en su postura ante la demanda presentada el año pasado en contra de los principales desarrolladores de armas de fuego en los Estados Unidos, en un esfuerzo para poner en el foco de la conversación el problema compartido entre la crisis del abuso de opioides sintéticos como el fentanilo en Estados Unidos y la profunda violencia que arrasa nuestro país.
Esta subcultura a la que me refiero no sólo se observa en Estados Unidos, en nuestro país normalizamos día con día la barbarie de la violencia. Ese concepto “deportivo” que teníamos de las armas se transformó hacia la noción de que actualmente son herramientas que nos sirven para “lidiar con nuestras propias batallas”.
Se trata de una realidad que ha sabido capitalizar esta industria a costa de la vida de niños, niñas y jóvenes inocentes de manera sistemática en Estados Unidos y que de manera secundaria nos afecta como país. Cerca del 60% de los votantes norteamericanos creen que es necesaria una legislación más estricta respecto al negocio de las armas. Desafortunadamente el cabildeo y los recursos que este tipo de industrias potencialmente dañinas imprimen en los capitales de los principales representantes del ala conservadora de la política estadounidense, ha propiciado la generación de una clara disociación discursiva de la realidad.
Mientras dicha realidad se mantenga distorsionada y se sigan priorizando los intereses de particulares seguiremos, tristemente, sabiendo de violencia armada en contra de inocentes en ambos lados de la frontera.
POR AZUL ETCHEVERRY
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MAAZ