En días pasados se llevó a cabo un foro en defensa del INE y de la democracia, con la participación de tres ex presidentes del IFE, luego INE. José Woldenberg (1996-2003) enfatizó la autonomía de la autoridad electoral frente a gobiernos, partidos y fuerzas políticas. Para Woldenberg, la reforma constitucional planteada por el presidente López Obrador pretende destruir lo que ha cumplido con su misión.
“Las baterías del gobierno se orientan hacia el entramado electoral que le permitió convertirse en la primera fuerza política del país”. Preservar la autonomía es indispensable por tres razones: por necesidad de un árbitro que pueda situarse por encima de las pasiones políticas y disputas partidistas.
Por nuestra historia, en la que pasamos del control gubernamental con la Comisión Nacional Electoral a la organización independiente. Y por el futuro, para que la sociedad mexicana sea un hogar donde la diversidad pueda convivir y competir de manera ordenada y pacífica.
Luis Carlos Ugalde (2003-2007) habló del ciclo inconcluso de transición democrática. En su opinión hay dos visiones en juego. La democracia representativa busca controlar el poder y la democracia populista busca usar el poder para transformar la realidad. México ha construido en los últimos treinta años un sistema para acotar los abusos del poder presidencial y del partido oficial.
El control del poder es la acción liberal para la democracia representativa, pero un obstáculo para el populismo. Aquí está la disputa entre quienes creen que hay que profundizar los mecanismos de control democrático y quienes identifican al gobierno con el pueblo y buscan “liberarlo del yugo” que lo lastima. Para Ugalde hay siete batallas que dar: memoria, legalidad, autocontención democrática, presupuesto, nombramiento de consejeros, aceptación del resultado en 2024 y la de las calles.
Leonardo Valdés (2008-2013) recordó las reformas y los sucesivos avances para alcanzar la legitimidad electoral: perfeccionamiento de la representación política, constitución de la CDMX como entidad federativa, elección directa del Jefe de Gobierno, paridad de género, reelección inmediata de legisladores y presidentes municipales, candidaturas independientes, instrumentos de democracia directa. Por el lado del control democrático, coordinación de procesos electorales federales y locales, servicio profesional electoral, medios de comunicación, fortalecimiento del Tribunal, fiscalización de recursos, entre otros. Para Valdés, la reforma presidencial nos lleva de vuelta a 1988 y destruye las capacidades adquiridas.
No hay una sola propuesta que fortalezca el control democrático ni la legitimidad de los procesos electorales. En un país que valora poco la memoria institucional, resulta relevante conocer la opinión y las experiencias de quienes han aportado en distintas etapas de nuestra consolidación democrática.
POR VERÓNICA ORTIZ
@veronicaortizo
MAAZ
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