El pasado 28 de abril, el Presidente envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de Reforma Electoral, que modifica la Constitución en los siguientes aspectos: financiamiento a los partidos, acceso de partidos a radio y televisión, unificación de las autoridades electorales, conformación del INEC, elección por listas y disminución de legisladores federales, voto electrónico, y reducción de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías.
El alcance de esta reforma es de alto impacto para el sistema electoral mexicano, ya que cambia la perspectiva desde la cual se ha construido el andamiaje democrático que nos ha permitido tener elecciones confiables y transparentes.
Es indudable que el sistema electoral actual requiere modificaciones para hacerlo menos burocrático y oneroso, más ágil y accesible. Para lograrlo, se impone un análisis integral y cuidadoso a la luz de los resultados que ha arrojado, y una puesta en común entre los actores involucrados: gobierno, partidos políticos, instituciones del sistema y organismos especializados.
La iniciativa presidencial no propicia este análisis plural, abierto y constructivo. Si bien contiene conceptos interesantes como el costo de las elecciones, el número de legisladores, o la complejidad de los procesos, incorpora también propuestas como la sustitución del INE por el INEC, la desaparición de los distritos electorales, o la eliminación de financiamiento ordinario a los partidos que merecen, por lo menos, una concienzuda revisión en un ambiente sereno, que evidentemente no existe en estos momentos.
Por otro lado, existen otras iniciativas de Reforma Electoral que deben ser tomadas en cuenta. El PAN propone la segunda vuelta para la elección presidencial; el PRI, la creación de la figura de la vicepresidencia. Estas, y otras iniciativas, deberán ser analizadas a la par de la reforma presidencial.
También es conveniente echar una mirada a lo que ha sucedido en los ejercicios previos de Reforma Electoral. La última de gran calado, en 2014, abrogó el COFIPE y expidió la LGIPE, creó los OPLES, reguló candidaturas independientes, reelección, paridad, y otras cuestiones que están hoy en funcionamiento.
¿Estamos satisfechos los ciudadanos con este modelo electoral?, ¿necesitamos cambios de gran envergadura?, ¿existe el ánimo social adecuado para una discusión serena sobre un tema tan trascendente?, ¿hay un reclamo respecto del funcionamiento del proceso electoral?
La última reforma tomó más de un año de discusión y análisis, no exento de rispidez, pero en ánimo constructivo. Los resultados obtenidos han sido aceptados por todos los actores; el proceso electoral que dio el triunfo al actual Presidente es producto de esta reforma. La autoridad electoral es confiable a los ojos de la ciudadanía.
No resulta pertinente cambiar lo que funciona, no conviene desechar la experiencia acumulada en aras de fobias sin sustento, no es bueno para el país tomar decisiones en ambientes crispados.
No está el horno para bollos...
POR CECILIA ROMERO CASTILLO
COLABORADORA
@CECILIAROMEROC
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