El Presidente López Obrador se muestra como un gran defensor del panamericanismo, promovido por Estados Unidos desde 1889, cuando se creó la Unión Panamericana. Propone impulsar la integración económica de todas las repúblicas americanas, sin exclusiones, “en un esquema parecido al de la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades”.
Los elementos centrales de su propuesta, que ya ha llevado a Washington y a La Habana, son fortalecer el mercado regional para hacer frente a China. En segundo lugar, exigirle a Estados Unidos que renuncie “a su política intervencionista de los últimos dos siglos” y, en tercer término, reemplazar a la OEA, por un “organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, en asuntos de derechos humanos y de democracia”.
Es una propuesta inesperada porque López Obrador ha sido un firme defensor de la soberanía nacional. Y si hay un esquema en que los países han renunciado a parcelas importantes de soberanía, es la Unión Europea (UE). Dos ejemplos. Su política comercial se define en Bruselas y no en cada estado miembro. El euro sustituyó a las monedas nacionales.
La proposición revive el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesto originalmente por Estados Unidos en 1994, y que fue tajantemente rechazado en 2005, por los países del Mercosur y Venezuela, liderados entonces por Chávez, Lula y Kichner, que lo consideraron un intento de dominación del “Imperio del norte”.
Habría que preguntarse si las condiciones mundiales y regionales habrán cambiado tanto, para que esos mismos países ahora sí apoyen un proyecto de integración que rechazaron hace años, sobre todo ahora que China se ha convertido en el principal o segundo socio comercial, y segundo inversionista, en casi todos los países de la zona https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47147/3/S2100319_es.pdf
En cuanto a la OEA, López Obrador parece ignorar la historia completa de la organización, haciendo suya la descalificación promovida por Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es cierto, la suspensión de Cuba en 1962, dictada en una reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), fue una medida ilegal, que dañó la imagen de la Organización. Qué bueno que México no apoyó esa decisión.
Pero de entonces a la fecha, hay centenas de actividades que la OEA y sus órganos asociados realizan en beneficio de los países del continente en los más variados campos, desde la agricultura, hasta la salud. Además, desde 2009 la Asamblea General de la OEA levantó la suspensión de Cuba para que, si así lo decide, se reincorpore a sus labores. Su gobierno ha preferido mantenerse al margen.
La historia registra muchas reformas de la OEA. Su Carta constitutiva ha sido enmendada en cuatro ocasiones (1967, 1985, 1992 y 1993) para fortalecer la cooperación para el desarrollo y la defensa de la democracia representativa. Los países del continente aprobaron tanto la Carta Democrática Interamericana (2001), propuesta por Perú, como su Carta Social, propuesta por Venezuela (2012).
Por lo mismo, es difícil que muchos países acepten que “las controversias sobre democracia y derechos humanos se diriman a petición de las partes en instancias verdaderamente neutrales creadas por los países de América, y que la última palabra la tengan las agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas”. ¿Y los derechos de las víctimas?
Ya existen esas instancias creadas por los países de América. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforman uno de los sistemas regionales más desarrollados, neutrales e independientes de protección de los derechos humanos. No fueron una imposición de Estados Unidos. El aliento democrático precedió de los gobiernos latinoamericanos que reemplazaron a las dictaduras militares de los ochenta. Pero no hay acuerdo en el compromiso de mantener la democracia representativa porque Cuba, Nicaragua y Venezuela han desarrollado sistemas no democráticos, alegando que cualquier mirada externa sobre sus países viola el principio de no intervención.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO
PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN EL TEC DE MONTERREY
@MIGUELRCABANAS
MIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX
CAR
Sigue leyendo:
El interés nacional es el bienestar de las y los mexicanos