Oficialmente México superó el pasado lunes la dramática cifra de 100 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Federal de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En ese sentido, el colectivo Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México dijo que se trata de una cifra engañosa ya que aseguran hay miles de casos no contabilizados por falta de denuncia. Por otra parte, dicho colectivo asegura que existe una crisis forense donde hay más de 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes
y en instalaciones forenses nacionales.
La situación en México es crítica, en abril pasado el comité de la ONU contra las desapariciones forzadas invitó a las autoridades de nuestro país a adoptar una política enfocada en la prevención y erradicación de las desapariciones, abandonando el enfoque militarizado de seguridad pública, mientras que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, calificó como una tragedia humana las 100 mil desapariciones y llamó al gobierno mexicano a redoblar esfuerzos.
Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que se está trabajando como nunca en la búsqueda de desaparecidos, ya que antes no se hacía nada al respecto. Se trata de una profunda tragedia que se ha venido perpetuando a lo largo de los años, debido a una serie de carencias institucionalizadas que ha imposibilitado acatar sentencias y recomendaciones internacionales en este rubro. Hemos ido transitando de un escenario donde las desapariciones forzadas se volvieron una práctica de estado que se realiza de manera sistemática, hacia otro en donde el crimen organizado ha aprovechado la impunidad institucional para cometer una serie de delitos que involucran la desaparición de personas a escala nacional.
Existen factores determinantes que han ido convergiendo para posicionar a esta como una de las mayores crisis que vive el Estado. Hay una carencia en la profesionalización de equipos forenses que coadyuven en la localización e identificación de restos humanos, no hay una correlación entre el registro de desaparecidos con aquellos cuerpos que los colectivos de familiares van encontrando dentro de su peregrinar.
Aunado a lo anterior, si bien comienzan a esbozarse planes de acción gubernamental, la realidad es que actualmente no existe una trazabilidad de casos de manera coordinada entre gobiernos locales, estatales y federal para establecer líneas de investigación que les den a las familias de las víctimas esa certeza de que las autoridades verdaderamente están atendiendo su caso.
El hecho de reconocer oficialmente no se trata de un acto de justicia ni mucho menos reivindicatorio. El aseverar que “se está trabajando como nunca” en la búsqueda de desaparecidos no sólo es una forma discursiva de distorsionar una realidad que, si bien ya existía, en esta administración se ha acentuado, también exhibe una seria falta de empatía al minimizar el esfuerzo incansable de las familias de personas desaparecidas y no localizadas quienes son las que realizan jornadas extenuantes, expuestas al crimen organizado y no las autoridades.
Es una tragedia sin atisbos de solución, no cuando vivimos en un país donde el Estado debería estar a cargo trabajando en conjunto con las familias víctimas y la sociedad civil organizada, sin embargo, lo que hoy pondera es la satanización de las organizaciones de la sociedad civil y en general una carencia de autocrítica institucional.
POR AZUL ETCHEVERRY
AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM
@AZULETCHEVERRY
MAAZ