La propuesta de Andrés Manuel López Obrador para militarizar la Guardia Nacional obedece a que quiere darle mayor capacidad de fuego e inteligencia, como al Ejército Mexicano, para hacer frente a la delincuencia organizada, pero también porque policías federales, estatales y municipales carecen de esos elementos.
Sin embargo, poco podría esperarse de una medida tan radical, porque hoy en día, de nada sirve a las Fuerzas Armadas su poderío armamentístico y táctico cuando un puñado de pistoleros, narcos y pobladores de cualquier ranchería corretean militares, los sacan por piernas sin un balazo de por medio.
La política de la no agresión, la de no enfrentar a nadie con las armas y cuidar la vida hasta de pistoleros y delincuentes, choca drásticamente con una reforma constitucional que, en esencia, busca, sí, darle mayor certeza jurídica, pero que en el fondo buscar elevar el nivel de fuego de la Guardia Nacional.
¿Qué caso tiene dotarla de armamento sofisticado y tácticas de guerra, cuando lo único que quiere AMLO es eliminar la percepción de que hay una guerra contra la delincuencia, como en su momento lo hizo Felipe Calderón? No hay día que no responsabilice al panista de la situación de inseguridad, pero sus mensajes son en extremo contradictorios.
Por ejemplo, los expertos están sorprendidos con los resultados de la lucha contra la delincuencia, porque no todo es amor al prójimo. Aluden a la cantidad de gente que está en las cárceles por delitos vinculados con el crimen organizado. Y es cierto, la 4T rompió récord de detenciones, porque ha sido más punitiva que otras administraciones.
Se calcula que, hasta el momento, hay un incremento de 25 por ciento de personas en prisión, provocando con esto, sin embargo, una sobrepoblación en el sistema penitenciario. Y es aquí donde todo empieza a complicarse.
La semana pasada, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, puso los puntos sobre las íes. Reclamó que las cárceles estén sobrepobladas con gente a la que no se le ha podido acreditar un delito. La prisión preventiva oficiosa, esa de primero a la cárcel y luego averiguo, ha provocado que un alto porcentaje de la población penitenciaria esté encerrada sin sentencia. ¿De qué sirven entonces tantas detenciones, si no hay capacidad para juzgar y sentenciar?
En Santa Martha Acatitla, por citar un caso, de mil 500 mujeres presas, poco más de la mitad aún no reciben sentencia. De hecho, hay mujeres con más de 12 años de prisión y en esas condiciones. Hay un abuso de la prisión preventiva automática, dijo el ministro Zaldívar. Y es ahí donde tal vez deberían estar concentrados los esfuerzos de la 4T, porque ya está demostrado que de nada servirán más armas y tácticas de guerra, si no atendemos el entramado jurídico para juzgar y sentenciar a los delincuentes.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Tal vez sea la propia simplicidad del asunto lo que nos conduce al error”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
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@ALFREDOLEZ
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