Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó durante su conferencia de prensa matutina sobre un video grabado en Michoacán en el que se ve a presuntos miembros del crimen organizado dar persecución a fuerzas militares a plena luz del día. Durante su declaración el mandatario dijo que las fuerzas armadas ya no “mataban en caliente como antes” y que “también se cuidan a los miembros de las bandas, al ser humanos”.
Dichas declaraciones se hacen en una coyuntura en el que, hace apenas una semana pasada se vinculó a proceso al infante de marina comisionado a la Guardia Nacional que disparó contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato, asesinando al joven Ángel Yael. Lo anterior, sin considerar los más de 120 homicidios dolosos que se estima han ocurrido en este sexenio y el índice del 95% de impunidad en el que los procesos de impartición de justicia se ven rebasados de manera sistémica.
Esta situación se convierte en el medio de cultivo perfecto para que el crimen organizado despliegue su fuerza e incremente y diversifique sus alcances en diversas zonas de interés dentro y fuera del territorio nacional, evidenciando la inoperancia, o peor aún, rehuir de su responsabilidad constitucional de salvaguardar la seguridad de la población de forma prioritaria.
No es novedoso que el presidente invoque ocurrencias como el muy criticado “abrazos y no balazos”, con el que se han amparado capítulos verdaderamente trágicos y vergonzosos, como el sitio de la ciudad de Culiacán en el que se obligó a las fuerzas militares a liberar al hijo de uno de los principales líderes del crimen organizado.
El presidente evoca desde una perspectiva política y no técnica ni práctica, la esencia de la protección de los derechos humanos, los cuales por supuesto que deben ser prioritarios en el actuar de las fuerzas del orden público y en la sociedad en general. Sin embargo, lo que tendría que analizarse es la eficacia de esta estrategia, considerando la preservación de los derechos humanos, dentro de esta tendencia del Estado a relajar el uso de la fuerza pública en contra de quienes más los vulneran.
Claramente esta estrategia de “cuidar a los miembros de las bandas criminales porque también son humanos” no se ha traducido en menos muertes o en menos acciones criminales, al contrario, se potencializan y han llegado incluso a posicionarse en puestos políticos que derivan en el afianzamiento o reacomodo territorial del crimen organizado.
Pareciera que las tragedias que vivimos a diario en las calles de nuestro México fueran ocasionadas por las fuerzas del orden público. Los mexicanos merecemos contar con la fuerza del estado a partir del mensaje de nuestros dirigentes. La prioridad, sin duda, son para quienes buscan construir entornos donde desarrollar proyectos de vida, no escuchar un discurso permisivo, benevolente, simplón y tremendamente insensible ante las familias de quienes han sido víctimas de este agobio.
Es fundamental dar un golpe de timón, no sólo en la implementación de estrategias acordes a las urgencias actuales, que protejan los derechos humanos en todo el proceso, tanto de víctimas como de sospechosos, las cuales necesariamente deben ir acompañadas de posicionamientos y discursos enérgicos y condenatorios que verdaderamente coadyuven en la formulaciones de sociedades más seguras.
POR AZUL ETCHEVERRY
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