La violencia está en casa. Durante el periodo más agudo de pandemia por la COVID-19, la niñez mexicana tuvo poca movilidad, quedando más expuesta a sufrir violencia intrafamiliar, principalmente entre los muros de su hogar.
Apenas hace algunos meses reabrieron sus puertas los centros escolares de nivel básico y medio superior, algunos de manera parcial y escalonada. Por eso, el lastre de la violencia y su incidencia se trasladó al espacio privado. Así lo demuestra el resultado del estudio realizado por la organización internacional World Visión México. Del total, 64% de la población infantil y juvenil encuestada, consideró que se ha vuelto más frecuente la violencia en su contra, sobre todo en el hogar.
“Después se escogió la escuela y la calle, con una proporción que se vio reducida a menos de la mitad en algunos casos”, señala el análisis. Y lo atribuyen al confinamiento y declive en la movilidad social. También es revelador el dato o manifestación de los encuestados, quienes señalaron el 11.6% que no asiste a la escuela, el 2.9% que está en un matrimonio y el 2.3% no tiene acta de nacimiento en México. Sin duda estos hechos también constituyen violencia, discriminación y el no respetar los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia.
Derivado de la información que se recopiló durante 2020 y 2021, se puede concluir que, si bien existen acciones por parte de las instituciones encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, se desconoce su trabajo o la labor que deberían desempeñar cada una de ellas.
Así, resulta evidente que falta transparentar los diagnósticos que se realicen sobre la situación de la niñez en México, por sectores y realidades, incluyendo los datos o estadísticas de violencia, tanto en espacios públicos como en el hogar. Y visibilizar los programas y actividades institucionales que se pudieran estar implementando, ya sea de manera aislada o coordinada entre dependencias o diferentes niveles de gobierno.
El diagnóstico y las estadísticas permiten conocer el problema, sobre todo ayuda a la toma de decisiones en las instituciones públicas y facilita el trabajo de las asociaciones civiles que velan por los derechos humanos para que puedan incidir de forma positiva en grupos o población en específico.
También urge fomentar y consolidar la participación ciudadana. La niñez y adolescencia puede y debe participar en los asuntos que les afecten directa o indirectamente, para que puedan gozar de sus derechos y ser titulares reales de los mismos.
Nuestra niñez post-COVID ya enfrentó una etapa dura por el confinamiento, hasta violenta en algunos casos, ahora habrá que atender y prevenir más secuelas. Para eso debemos escucharlos y, a partir de ahí, ciudadanía y autoridades, emprender acciones para velar por su seguridad, por un entorno de paz y libre desarrollo. Como dice una adivinanza popular: “Hablan sin voz, vuelan sin alas”.
POR NALDY RODRÍGUEZ
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
TRANSPARENCIA3.0@HOTMAIL.COM
@YDLAN
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