La densa niebla que ha cubierto la información y el entendimiento, ocasionada por la confusión, la incertidumbre y el desorden, nos ha conducido a una polarización, en muchos casos absurda.
Para entender el destino de la República, requerimos interpretar la historia y su expresión en la arquitectura constitucional.
México replanteó los paradigmas jurídicos de su tiempo al promulgar la Constitución de 1917. Se modificaron los conceptos de “Propiedad” y se crearon “Derechos Sociales”, por esa razón todavía en la Constitución vigente, el artículo 27 establece que la “propiedad privada está sujeta a las modalidades que dicte el interés público”; le da la Rectoría Económica al Estado y también la propiedad de aquellas empresas energéticas que son el fundamento del desarrollo.
Se creó un Estado Social de Derecho que logró avances trascendentales, con luces y sombras, pero finalmente se consiguió el reparto de la tierra y se conservó la propiedad del petróleo y la electricidad. Esto nos permitió crecer a tasas superiores al 6% durante varias décadas y se logró –gracias al entorno internacional— que en la pugna entre el Bloque Soviético y el llamado Grupo Occidental se adoptaran políticas económicas, básicamente keynesianas. La amenaza comunista permitió que la “Socialdemocracia” avanzara y, con ello, el Estado Benefactor.
Más tarde, con la caída de la Unión Soviética se retomó el viejo modelo Liberal y las doctrinas que, entre otros encabezó Milton Friedman en América, se convirtieron en un cambio jurídico y económico, que nos llevó a la concepción del “Neoliberalismo”, modelo económico que permitió el avance extraordinario de la ciencia y la tecnología, y la producción se elevó exponencialmente.
No obstante, los paradigmas éticos cambiaron y este nuevo Capitalismo ha tenido –como único fin—el lucro individual y, con ello, la concentración más grande de la riqueza –en pocas manos— que haya conocido la humanidad.
Para México hubo avances importantes, pero sucedió lo mismo que en el resto del mundo: se concentraron los capitales, se perdieron los objetivos sociales, se hicieron contrarreformas constitucionales y se modificaron los patrones de consumo y de vida.
El tema de la Reforma Energética toca uno de los elementos fundamentales para decidir qué modelo económico queremos: si debe prevalecer la “libre empresa” sobre el Estado; o, si debemos conducirnos bajo el amparo de una Constitución Social.
Por todo ello, al referirnos a la actual Reforma Eléctrica tenemos que considerar los elementos históricos y sociales que dieron origen al Estado Social de Derecho.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia no votó la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, pero deja abiertas las compuertas del Neoliberalismo; unos de las reflexiones trascendentes de los señores ministros de la Corte fue establecer que, si bien se respeta la “libre empresa” y la “competencia”, estas no son las únicas condiciones para entender el desarrollo nacional.
En otro escenario, el Congreso votará la propuesta de Reforma Constitucional enviada por el Ejecutivo, esta iniciativa contempla nuevos aspectos no considerados en la Ley reglamentaria.
El análisis sobre esta importante decisión tiene que estar por encima de las banderías partidistas y de los mezquinos intereses de los protagonistas.
El tema es de fondo y a todos nos debe interesar, toda vez que las decisiones de este tipo nos permitirán avizorar cuál puede ser el rumbo de la Nación.
No se puede –de la noche a la mañana— cancelar contratos que se dieron en un marco jurídico vigente que, al vulnerar derechos adquiridos, pudiera tener efectos económicos graves; tampoco debemos dejar pasar la oportunidad de reencausar la historia y darle la prevalencia que merece la Comisión Federal de Electricidad y el Estado Nacional.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)
VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
MAAZ