Una de las propuestas importantes de campaña de López Obrador fue echar para atrás las llamadas Reformas Estructurales para Cambiar a México, impulsadas durante la administración de Peña Nieto. Una de ellas es la Reforma Energética, la cual daba la apertura a la iniciativa privada para investigación, explotación y producción de los hidrocarburos en suelo mexicano, y a la que el actual gobierno pretende “dar un golpe de timón” para otorgar mayores prerrogativas a la CFE en detrimento de las empresas del sector, al limitar en sólo 46% la generación de energía.
Los círculos concéntricos a esta reforma impactan en varias dimensiones al Estado mexicano, ya que las implicaciones van desde aquellos famosos amparos por parte de las empresas privadas, la posterior revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) para declarar constitucional o inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica, cuya resolución se aplazó una semana más. Otra modificación que se da en torno a esto fue el decreto por parte del Congreso de la Unión para dotar de “mayor laxitud” la ley y así permitir a los servidores públicos promocionar abiertamente dicha reforma (o la Consulta de Revocación de Mandato o hacer actos proselitistas personales o…) sin ser sancionados.
En este sentido, observamos a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, e integrantes de su gobierno y de la administración federal, realizar un evento multitudinario en el Monumento a la Revolución para exponer —las ventajas— la Reforma Energética, y claro, mostrar su respaldo y el de las y los asistentes al presidente López Obrador. La premura es porque esta modificación espera ser votada en la Cámara baja la siguiente semana y, según lo comentado por las distintas facciones parlamentarias, aún faltan más de 50 sufragios para alcanzar su aprobación.
Otra magnitud trastocada por la polémica Reforma Energética es la diplomática y comercial con nuestros principales socios, Canadá y Estados Unidos. Desde el anuncio de la Ley de la Industria Eléctrica, ambas naciones han expresado múltiples preocupaciones, tales como las expuestas por la Cámara de Comercio de Canadá en México (CanChamMx): “Los países de América del Norte han invertido muchos años y un gran esfuerzo para integrarse a la región. La propuesta de Reforma Constitucional representa un retroceso frente a dichos esfuerzos y se aleja de los acuerdos logrados para fortalecer los lazos entre los países miembros”.
De igual manera, el gobierno de Joe Biden ha sido más persistente en tratar de disuadir, desde distintos ángulos, esta reforma, por lo que han visitado Palacio Nacional varios funcionarios de alto nivel como John Kerry, representante de la Casa Blanca para el clima; Ken Salazar, embajador en nuestro país; Kamala Harris, vicepresidenta estadounidense, entre otros, para intentar hacer ver al gobierno mexicano que necesita virar a energías limpias, que las inversiones binacionales en esta materia son cruciales para nuestras relaciones y que dicha reforma viola lo estipulado en el T-MEC.
Así pues, desde la actual administración se mantiene la óptica chauvinista de que “con esta reforma se gana soberanía”, ante la mirada preocupada de la inversión extranjera, la presión en la Suprema Corte de Justicia, así como en el Palacio de San Lázaro, y con la incertidumbre de que los mencionados beneficios para la sociedad mexicana se concreten. Esperemos que se use el prisma para alcanzar a ver todos los rincones de esta reforma.
POR ADRIANA SARUR
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