Atendiendo las instrucciones que les dan “desde Palacio”, consolidando el triste papel de “oficialía de partes” en que han convertido al poder legislativo, los diputados del oficialismo se valieron de su mayoría y forzaron la discusión de un tema que bien puede definir el futuro de México, pero que al Ejecutivo le urge que se apruebe sin moverle una sola coma: la Reforma Energética.
Así convirtieron en una burla y en una absoluta pérdida de tiempo los más de 45 días de Parlamento Abierto, durante los cuales expertos en la materia acudieron para dar sus puntos de vista, pero que la mayoría oficialista fingió escuchar, y todo indica que no serán incluidos para mejorar la propuesta.
En los términos en que pretenden aprobar la reforma, ésta no contará con ningún voto de la alianza Va Por México; al ser constitucional y requerir, por lo tanto, de una mayoría calificada, ya nació muerta.
Lo anterior no significa que estamos en contra de la soberanía energética como falazmente ha señalado el Presidente. Acción Nacional está a favor de reformas que fortalezcan a México, que incentiven el crecimiento económico a través de inversiones. Es por ello, que presentamos una contra propuesta en 12 puntos, cuyos objetivos principales son la eficiencia, el bajo costo y la producción de energías limpias. Propondremos lo siguiente:
Establecer el derecho humano a la energía.
Garantiza energía eléctrica a los más pobres, ya sea mediante subsidios directos o mediante la instalación de paneles solares.
El Estado será el rector de la transición, haciendo participe a la iniciativa privada y al sector social.
Genera un esquema de autoabastecimientos, para que migren ya al mercado eléctrico en un tipo establecido.
Permite a usuarios más pequeños acceder al mercado eléctrico.
Da autonomía constitucional a la Comisión Reguladora de Energía.
Se crea la Comisión Nacional de Redes Eléctricas.
La Comisión Federal de Electricidad sale del presupuesto, se queda con sus empresas de venta y se le da un órgano de gobierno profesional.
Sube el límite de generación distribuida a 1 MW.
Los permisos de generación ahora deberán tener solvencia técnica, ambiental y antropológica antes de otorgarse.
Los CEL se mantienen y se alinean con los IREC, que son parecidos pero internacionales.
El litio se explota como las rondas petroleras: utilidad compartida. El que más lana deje al Estado, lo explota.
Requerimos un marco regulatorio que considere la evolución y modernización del sector, la transición hacia tecnologías limpias y los compromisos nacionales e internacionales en la materia, pero, sobre todo, que favorezca a los consumidores y no que busque privilegiar a organismos bajo modelos del pasado que ya probaron ser ineficaces.
POR JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL PAN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
@JORGEROHE
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