Gran golpe a la política anticorrupción de la 4T propinó la Suprema Corte, con el fallo que anula la ley de prohibición a exfuncionarios para trabajar en la IP hasta 10 años, después de abandonar el cargo.
Además, puso candados al presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a los ahorros generados por su política de austeridad y no podrá usarlos discrecionalmente. ¿En qué consiste la austeridad de AMLO? En noviembre de 2019, el gobierno de la 4T creó la nueva Ley Federal de Austeridad Republicana, con la que buscaba reducir el presupuesto federal y, ya entrados en gastos, quería cerrar el paso a cualquier acto de corrupción.
Por eso, en su artículo 24, la ley establecía que, para evitar poner información valiosa de la 4T en manos del mejor postor, funcionarios despedidos o separados por renuncia estaban impedidos a laborar en la Iniciativa Privada.
No podían hacer lo que en su momento hicieron los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, o exsecretarios de otros sexenios, como José Antonio Meade, que prestaron servicios a grandes corporaciones.
La medida no era retroactiva y surtió efecto entre unos 700 exfuncionarios de la 4T.
Quedaron “fuera” exhibiendo dos cosas: que el gobierno carece de una política gerencial efectiva (provocando una enorme rotación de personal) o que el Presidente no ha sabido escoger bien a sus colaboradores.
Pero más allá de eso, el afán por querer blindar todo contra la corrupción hizo que AMLO pasara por alto uno de sus principios: prohibido prohibir. La 4T ató de manos a gente que por una u otra razón echó a la calle, desde el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, hasta varios exsecretarios, entre ellos Javier Jiménez Espriú, Carlos Urzúa, Víctor Manuel Toledo, Irma Eréndira Sandoval y el extitular de la UIF, Santiago Nieto.
Todos, por voluntad propia o incapacidad, quedaron fuera del gabinetazo y se sumaron a los más de ocho mil empleados, de mando y enlace en la Administración Pública Federal, despedidos gracias a la ley de austeridad.
Sin embargo, con su fallo del lunes, la Corte les abrió la puerta y puso un estate quieto a la 4T.
Peor aún, gracias a la ley en cuestión y el despido de casi 10 mil empleados de confianza, el gobierno logró ahorros por más de 188 mil millones de pesos en dos años de gestión.
¿Pero qué cree? Andrés Manuel no podrá disponer de ellos, porque la Corte eliminó el control que tenía para determinar el destino de los ahorros.
Según el máximo tribunal, no es posible que el Poder Ejecutivo reajuste sus partidas de gasto a partir de ahorros generados sin invadir la competencia de la Cámara de Diputados, porque eso motivaría que el Congreso perdiera el control sobre los recursos públicos.
En pocas palabras: AMLO propone y el Congreso, con todo y la oposición, dispondrá sobre lo que se debe hacer con ese dinero.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Muchas promesas, tarde que temprano, disminuyen la confianza”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
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