En México, el acceso al agua potable es un derecho humano consagrado en la Constitución Política, pero en los hechos, presenta todo el aspecto de un privilegio del cual quedan excluidos millones de personas de manera cotidiana. Su existencia en algunas zonas del país es más bien, un bello recuerdo que una afortunada realidad. La situación por desgracia empeora año con año.
Se estima que 90 por ciento de los habitantes del país cuentan con una toma de agua en sus domicilios, pero apenas 64 por ciento recibe líquido diariamente, sin mencionar que en muchos casos llega hasta los hogares con una calidad muy deficiente para su consumo o incluso para su utilización en otras actividades. Esta situación se ha acrecentado de manera acelerada en las últimas décadas.
Ya que si bien, la cobertura de 90 por ciento puede parecer muy amplia, implica que 13 millones de mexicanos deben abastecerse fuera de casa, en ocasiones en recorridos extenuantes que suelen recaer en las mujeres que habitan comunidades inhóspitas en el territorio nacional.
Lo preocupante de esta situación es que el escenario amenaza con empeorar de manera inminente. De acuerdo con el boletín UNAM-DGCS-225, fechado en el mes de marzo del presente año, México tiene definidos 653 acuíferos y 38.7 por ciento de este recurso utilizado en el país proviene de esas fuentes; de estos, 105 están sobreexplotados, es decir, la extracción excede a la recarga, en varios de ellos en más de 100 por ciento. Por ejemplo, en el Valle de México, Texcoco, presenta esta situación en 800 por ciento, han referido en este documento.
En algunas regiones la situación es crítica; por ejemplo, en Nuevo León se alertó a finales de marzo pasado que el nivel de las presas únicamente permitiría distribuir agua durante 60 días, y eso considerando que algunas colonias ya padecen semanas sin recibir el líquido. Según los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y realizando un comparativo previo a las precipitaciones, la presa La Boca incrementó apenas un .11 por ciento su almacenamiento, mientras que Cerro Prieto bajó .56 por ciento; además el embalse El Cuchillo también descendió .64 por ciento.
Ahora bien, una parte del problema responde a factores fuera del control de las autoridades, como la sequía (que en Tamaulipas ya se prolongó por una década) o el crecimiento de la población; pero otra parte, se explica por decisiones políticas y empresariales lesivas para el Estado y para las mayorías sociales como el establecimiento de embotelladoras sin ninguna regulación medio ambiental que logre poner orden lo relativo al consumo del agua por parte de estos entes.
El epicentro de este abuso de los recursos hídricos se encuentra en la Ley de Aguas Nacionales promulgada en 1992, una legislación que abre la puerta a la sobreexplotación de este recurso natural de manera comercial. Debido a esa ley, durante las últimas tres décadas un puñado de individuos y de corporaciones se han apoderado del agua mediante esquemas de concesión que en la práctica se ejercen a perpetuidad obteniendo este insumo a precios irrisorios. Lo peor, es que lo emplean sin ninguna sostenibilidad ni consideración de que el agua que ellos desperdician se les niega a quienes más lo necesitan.
Por todo ello, es primordial que las diferentes Administración Pública estatal pueda no solamente homologar criterios con base en la sustentabilidad de un bien tan preciado como el agua, sino, en suma, es primordial que se entienda que la prioridad de cualquier gobierno es proteger los recursos naturales del país, por encima del avance comercial que en muchas ocasiones crece sin ningún contrapeso en muchas extensiones geográficas de la nación. Preservar es la mejor inversión.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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