El odio, sobre todo cuando se fomenta escudándose detrás de supuestas traiciones, sólo engendra mayor odio. Nadie nos lo tiene que decir, lo vemos reflejado en la mayor fragmentación política, institucional y social del país.
No importan las preferencias electorales, todos somos mexicanos. Por lo mismo, no deberíamos consentir que las autoridades (legisladores, líderes de partidos o Presidente de la nación) inciten al linchamiento —así sea simbólico—.
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Independientemente de las preferencias políticas de la gente, a cualquiera debería sorprendernos que los gobernantes apuesten por la violencia política en lugar de por la cohesión social; lo que sería elemental y de lógica común. ¿O me equivoco?
Pero como la sociedad en general no rechaza las actitudes y acciones polarizantes, no queda más que concluir que México es esencialmente autoritario y antidemocrático. Morena, el primer mandatario y la Cuarta Transformación simplemente están apelando a esa sociedad.
Sus tácticas las conocemos de sobra: desde la palestra presidencial, la difamación diaria, llegando ahora a promover la “campaña” para sancionar penalmente a detractores. Anuncio de un régimen cada vez más autoritario para un pueblo profundamente antidemocrático.
Las implicaciones de lo anterior son varias. En el corto plazo, la amenaza y posterior erradicación de quienes piensan diferente. En el mediano plazo, un país cada vez más vertical e intolerante. A largo plazo, un “monolito” gobernado por una suerte de implacable “Politburo” (eso y la cancelación de las garantías individuales).
Manifestaciones que apuntan en ese sentido hay muchas, demasiadas ya. La sede del PRI en Campeche quemada por una diputada de la 4T. El dirigente del partido en el poder anunciando, primero, “ooootra” consulta popular para determinar si proceder o no por traición a la patria contra los legisladores que votaron “no” a la iniciativa de reforma eléctrica del Presidente. Luego, manifestar que se interpondrán denuncias formales ante la FGR contra dichos diputados.
El azuzar al odio llega a su paroxismo con Ignacio Mier y sus “fusilamientos pacíficos”, sin olvidar que el mismo presidente López Obrador se dio tiempo de leernos la definición de traidor asentada en el Código Penal (misma que naturalmente no aplicaría para referirse a los 223 legisladores de oposición que votaron en contra de la antes mencionada reforma constitucional).
El incitar a tomar partido y culpar invariablemente a los contrarios, llamándolos traidores, tiene una utilidad discursiva en el terreno electoral para un sector o grupo político durante cierto tiempo. Ayuda a ocultar problemas serios que deberíamos estar enfrentando como nación.
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Sin embargo, se convierte en un proceso que lentamente normaliza la violencia. Esa es la verdadera tragedia. La lectura que ha hecho la periodista Anabel Hernández al respecto es muy atinada: “el presidente Andrés Manuel López Obrador fomenta la violencia cuando hace un fusilamiento virtual contra aquellos periodistas que no le gustan”.
Cuando diferir del gobernante se castiga, tiene además otra repercusión: genera un diálogo de sordos. Ilustrativo de este punto es la demanda civil interpuesta por el PAN contra Mario Delgado y Citlalli Hernández.
El odio atiza animosidades añejas, ahonda grietas, divide a la población. Incita a la violencia e imposibilita los procesos de conciliación.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
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@MALOGUZMANVERO
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