CLARABOYA

El plan "b"

Esta semana la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el proyecto de reforma a la Ley Minera

OPINIÓN

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Azul Etcheverry / Claraboya / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

Esta semana la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el proyecto de reforma a la Ley Minera, con el que se confiere de manera exclusiva al Estado la exploración, explotación y aprovechamiento del litio en nuestro país. Si bien el Artículo 27 constitucional establece a la nación el dominio directo de todos sus minerales y ofrece la posibilidad de concesionar su explotación a particulares, con esta reforma se restringirían dichas concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones para aprovechar este recurso mediante un órgano descentralizado, cuidando las cadenas de valor relacionadas a esta industria.

Lo anterior ocurrió horas después de que en ese mismo pleno legislativo se discutiera y rechazara la propuesta de reforma de ley a la industria eléctrica presentada por el presidente meses atrás, tal vez como un “plan b” para contrarrestar el impacto político y social de la iniciativa de reforma que no fue aprobada. Más allá de que esta reforma a la Ley Minera, conducida por fast track, no cuenta con los dictámenes presupuestarios ni técnicos esenciales, hay otros grandes temas pendientes por considerar para tomar una decisión de esa importancia.

No se discutió de dónde saldrán los recursos presupuestarios del órgano coordinador, considerando que la Secretaría de Economía, de la que depende esta industria es una de las secretarías de Estado que más ha sufrido la política de “austeridad republicana”. Es más, no se tiene siquiera un estimado de costos de exploración, infraestructura para su explotación ni tampoco considera la complejidad de su cadena productiva.

Si bien se trata de un mineral muy codiciado e incluso estratégico, el proceso de exploración y extracción es complejo, costoso y contaminante. Especialistas en la materia estiman que por cada kilogramo de arcilla hectorita, cuyo procesamiento requiere de altas cantidades de energía, se obtienen 3 gramos de litio. Dentro de la realidad del escenario mexicano, es preciso reestructurar la ingeniería de exploración actual para estudiar arcillas no metálicas, lo cual se convierte en un reto porque no es un proceso sencillo, rápido ni barato.

Actualmente el Servicio Geológico Mexicano estima que existen cerca de 60 sitios, no concesionados, que están siendo considerados para su exploración, principalmente en Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora, no obstante, las proyecciones no son favorecedoras. El Servicio Geológico de Estados Unidos sitúa a nuestro país como la décima reserva mundial de este mineral con cerca de 1.7 millones de toneladas, en comparación con Bolivia, cuya reserva se calcula en los 21 millones de toneladas o Argentina con 19 millones.

Dadas estas consideraciones, resulta incomprensible haber cortado de tajo la posibilidad de explorar esquemas de coparticipación con el sector privado mediante condiciones reguladas que aporten ventajas económicas, técnicas y de transferencia de tecnologías útiles sin la necesidad de cubrir la totalidad del costo tan sólo de exploración. Ni hablar de la infraestructura para su explotación, procesamiento ni el costro ambiental que representará el abuso en los recursos naturales en las posibles zonas de extracción.

Estamos nuevamente ante el choque de narrativas y la improvisación política. Conceptos como “nacionalismo” y “soberanía” se usan en lo discursivo como monedas de cambio sin estudiar las verdaderas implicaciones multisectoriales que una decisión como la que se tomó esta semana en el Congreso acarreará.

POR AZUL ETCHEVERRY
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@AZULETCHEVERRY

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