El próximo 10 de abril, el destartalado tren de las reformas políticas arribará a una nueva Estación que no ha sido inaugurada, se trata de un ejercicio electoral de carácter esencialmente sancionador, que se ha interpretado y ejecutado desarticulando su naturaleza jurídica y convirtiéndolo en un simple movimiento para medir y organizar las fuerzas del partido en el poder; los objetivos del artículo 35 constitucional por el momento se han perdido.
Efectivamente, quienes promovieron ésta “Revocación” no son los que quieren revocar, sino quienes pretenden –innecesariamente— ratificar y quienes han sido convocados para participar activamente en esta votación han sido los partidarios del Presidente en turno. Es decir, es verdaderamente esquizofrénico, absurdo, costoso e inútil –además de inconstitucional— la realización de este evento.
En realidad, se trata de hacer un recuento de las fuerzas del partido gobernante para reforzar, sección por sección, a sus seguidores, aceitando la maquinaria de un Partido-Movimiento que, si bien tiene una gran cantidad de adeptos, está perdido ideológicamente y cada día más controvertido en lo interno, por los intereses políticos de sus principales actores, que se enfrentan cotidianamente para obtener la candidatura presidencial.
Es desesperanzador, triste y absurdo, que esto esté sucediendo, mientras el país está perdiéndose en la inseguridad y en la conducción que debería marcar una línea clara hacia el futuro.
“Primero los pobres” se convirtió en una frase hueca; los “programas sociales” –que aplaudimos— han perdido su efectividad frente a la inflación galopante de nuestro tiempo; la necesidad de un “servicio médico universal” se dispersa en el naufragio del INSABI.
Los objetivos políticos del régimen son claros, se trata de reconstruir a Morena y, por otra parte, de desprestigiar al Instituto Nacional Electoral para intentar una reforma política, que nace muerta, porque requiere –para su implementación— una votación calificada en el Congreso de dos terceras partes, como lo establece el artículo 135 de nuestra Carta Magna que, por supuesto no se realizará.
Por todo esto, votar como deberíamos hacerlo –en uso de nuestros derechos ciudadanos— es caer en la trampa de un voluntarismo que, en medio de la confusión ideológica, busca como único objetivo el triunfo electoral en 2024.
En principio sería correcto y hasta necesaria la participación ciudadana el próximo 10 de abril, no obstante, se ha mixtificado el propósito central de esta figura de democracia participativa, pues su objetivo es castigar a un mandatario al que se le ha perdido la confianza, de otra suerte el Presidente en turno no requiere ratificación, pues fue electo democráticamente en tiempo y forma y por un periodo determinado, que en este caso es hasta el 2024. Por eso, es innecesario y distractor este sufragio que, por supuesto, ha sido diseñado artificialmente para fines distintos de los que planteó el legislador original.
Estamos viviendo un mundo al revés y, en medio de la pandemia y de la guerra, perdemos rumbo y destino en aras de la mezquindad que representan los triunfos electorales, que no sirven fundamentalmente para la población mexicana, pues no existe una línea de conducción sólida que enfrente con claridad el destino de México.
Votar el próximo 10 de abril lamentablemente no tiene objeto, pues no habrá resultado jurídico alguno, toda vez que de ninguna manera se alcanzarán los porcentajes que marca la Constitución para obtener el carácter vinculante.
¿Votar o no votar? el próximo 10 de abril. Usted tiene la palabra.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)
VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
MAAZ