La animadversión del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de las instituciones democráticas del país no es una novedad. Pero ahora, desde la cima del poder, se ha vuelto algo visceral e irracional. Los ataques en contra del INE y del Tribunal Electoral con el amago directo de destruirlos a pesar de contar con la confianza de casi el 60 por ciento de los mexicanos, son la muestra de su talante más vengativo. Todo a pesar de que los ajustes hechos las últimas dos décadas en las leyes electorales fueron en gran medida para atender las demandas que plantearon él y los partidos políticos que lo postularon en a la presidencia en 2006 y 2012, luego de su enojo al no ganar las elecciones.
Lo que terminó de molestar al presidente fue la sentencia dictada por los magistrados del Tribunal que determinó la existencia de infracciones consistentes en la difusión de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. Publicó el mensaje, con la advertencia de que de no hacerlo, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno de la República, y Martha Jessica Ramírez González, directora de comunicación digital, podrían ser arrestados. Violó la ley y todavía se hizo el ofendido.
A estas alturas, López Obrador demuestra que sigue siendo muy mal perdedor. En 1988 cuando se postuló para gobernar Tabasco, denunció fraude, al igual que en 1994; en 2006 alegó fraude y mandó al diablo las instituciones, declarándose “presidente legítimo”; en 2012 nuevamente denunció fraude y arreció su campaña contra la credibilidad de los árbitros. Lo curioso es que cuando en el 2000 resultó electo para la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal y en 2018 cuando ganó las elecciones presidenciales con amplia legitimidad, no actúo de la misma manera. Los órganos electorales solo son honestos cuando se le declara ganador.
El pasado martes las amenazas subieron de tono y comenzó a materializar la reforma electoral que tanto ha deseado desde que era un opositor. Esta es una abierta afrenta a la Constitución porque la simple propuesta de elegir a los magistrados y jueces por medio del voto pondría en entredicho su integridad y capacidad para hacer valer la ley, porque jueces y magistrados deben de responder y salvaguardar la Constitución, no a las mayorías. Tampoco deben seguir respondiendo a los partidos.
Además, la propuesta de federalizar las elecciones al convertir al INE en un órgano con alcance nacional, absorbiendo las funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales, vulnera la soberanía de los estados de la federación. Y las populares iniciativas para tener menos diputados y senadores son, al menos ahora, una trampa que no le daría la representatividad a todas las fuerzas políticas. Las instituciones requieren una actualización, pero no una democracia a modo.
El presidente está enojado y cada que pasa, las instituciones son demolidas. Todo ocurre con el 2024 cada vez más cerca. Más malas noticias.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
@CARLOSZUP
MAAZ