Después de meses de anticipación, se llevó a cabo el domingo pasado el primer ejercicio de revocación de mandato propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso esta opción desde su campaña presidencial en 2018, como una forma de promover modelos de democracia participativa en el que los ciudadanos puedan decidir si continúa o no en funciones el Ejecutivo nacional.
Si bien en la teoría puede interpretarse como una manera de elevar el nivel del debate democrático en el país, la realidad de lo que vimos estos últimos meses, semanas y días, dista mucho del deber político- electoral al cual supuestamente se aspira.
Mucho se ha especulado respecto a las implicaciones, supuestos, ganadores y perdedores de esta primera consulta ciudadana de revocación de mandato a partir de la interpretación de los resultados después de los cómputos finales, sin embargo, los números nos ayudan a interpretar con mayor claridad el escenario político actual y más importante aún, nos permite ver a lo que nos enfrentaremos en 2024 que cada vez está más cerca.
A pesar de que, en los últimos meses hubo una sobresaturación mediática en la vida pública nacional respecto a las diferencias entre el Ejecutivo federal y su fuerza política en contra del INE, más de 16 millones de personas se tomaron el tiempo en inicio del periodo vacacional para asistir a las urnas y confirmar con más del 91% de los votos que desean que el presidente, previamente electo legítimamente, concluya su mandato.
Ante este panorama, tanto simpatizantes como detractores en una sociedad enérgicamente polarizada asumieron sus respectivas victorias, tal como ocurrió en 2021, no obstante, a diferencia de dichas elecciones intermedias, este ejercicio no tuvo ninguna utilidad política práctica. Independientemente de que se trató de un nuevo mecanismo participativo en el que no hubo contendientes opositores, hoy podría interpretarse que una de las razones por las que el presidente insistió tanto con esto, más allá de vanagloriarse de su popularidad, fue de incidir mediante la presión social a que la oposición se alineara a su agenda legislativa respecto a temas como la reforma de la industria energética, lo cual parece no haberle dado resultado.
Con esta consideración pareciera que la fórmula de lo que resta del sexenio será la política de choque, en la que los principales actores políticos envalentonada y decididamente optaron por violar leyes electorales, que por muy perfectibles que puedan resultar, se deben acatar.
Consideraría un retroceso democrático que la oposición se sume a esta peligrosa vorágine electoral con miras a dos años. A lo que la sociedad mexicana aspira es a la recomposición del diálogo interinstitucional, a reserva de que, si esto no ocurre, se puede esperar el endurecimiento de núcleos de poder en el Congreso, en el Poder Judicial o el Ejecutivo, no sólo resolviendo los temas de fondo sino en el quehacer sociopolítico cotidiano.
Ahora bien, la oposición no puede ni debe asumir estos resultados en las urnas como un abstencionismo disfrazado de victoria, actualmente no hay una fuerza política (incluido Morena sin el presidente López Obrador) que atraiga 15 millones de votos duros. Si bien esta cifra ya no garantiza una elección presidencial, se debe seguir insistiendo en futuros escenarios en el que se puedan esbozar consensos y se cierren brechas en esta asimetría del poder actual.
POR AZUL ETCHEVERRY
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