En medio de la discusión por la reforma eléctrica, la central de Petacalco hizo crisis: el uso de combustóleo motivó protestas de comunidades aledañas por los efectos en la salud de las personas convencidas de que sus males están asociados a la contaminación de esa, una de las más grandes plantas de su tipo en Latinoamérica.
Las protestas arreciaron hace aproximadamente un mes en nueve comunidades del bajo Balsas que acusan ser víctimas de las emisiones contaminantes por la detección de tumores cancerígenos, enfermedades de vías respiratorias, irritaciones oculares, manchas negras en la piel y, entre otras decadencias fisiológicas, la presunta identificación de plomo en la sangre de niños de la región.
Esas protestas llevan intermitentes desde los tempranos dos miles y, si bien es cierto los reclamos recientes coinciden con el debate eléctrico, es preciso observar que también los efectos que acusan incrementaron su registro durante 2021, luego de que, en diciembre de 2020, la CFE reativara la operación con combustóleo.
Además del impacto a la salud de las personas hay daño ambientales. Apenas en enero, cientos de toneladas de sardinas muertas aparecieron en el canal de la central que desemboca en el Balsas, si bien las autoridades ambientales dijeron que era un fenómeno natural, una negación igual de inverosímil que la de la CFE respecto a los impactos a la salud.
A casi 30 años de su construcción, la oficialmente llamada Central Termoeléctrica “Plutarco Elías Calles”, es una instalación vetusta que genera electricidad a base de combustóleo y carbón, tan contaminante como la también quemadora de fueloil Central “Francisco Pérez Ríos”, ubicada en Tula Hidalgo.
En el caso de Tula, ya desde 2020 la comunidad científica y, destacadamente, Mario Molina, reprobaban el uso de combustóleo alertando que las emisiones contaminantes iban a dar al Valle de México. Por lo expuesto en numerosas declaraciones, el presidente López Obrador decidió usar la enorme disponibilidad de combustóleo con la idea de aprovecharlo hasta que, al finalizar su sexenio, se reduzca su producción mediante un plan de mejora e incremento en la refinación de gasolinas ultrabajas en azufre.
En tanto, la reactivación en la generación de electricidad en la megacentral de Petacalco propició una crisis ambiental y social que fue resuelta con otro material contaminante: el carbón. En diciembre pasado, la CFE contrató la adquisición de 780 toneladas de carbón y el 23 de marzo, adquirió 8 mil 500 toneladas más, para cubrir la demanda hasta 2024.
Dichas adquisiciones fueron por adjudicación directa a la empresa Troy T&D: la de diciembre por 136 millones de dólares, la de marzo por mil 929 millones de dólares para el abasto de carbón australiano. Dicha empresa es propiedad de Carlos Manuel Carrera Valencia, un empresario poblano como el propio director de la CFE, Manuel Bartlett y su pareja Julia Abdala.
Ya desde finales de 2020, el presidente y el director de la CFE, anunciaron reactivar las carboeléctricas “José López Portillo” y “Carbón II”, ubicadas en Nava Coahuila. Ahí, la adjudicación directa fue favorable a Minerales “Don Chilo”, una empresa de la alcaldesa morenista de Múzquiz, Tania Flores Guerra y su hermano, con la friolera de mil 61 millones de pesos.
En este último caso, el problema que están registrando es porque el carbón “de diseño” es inapropiado para las carboeléctricas lo que está forzando su combustión hasta llevar al límite la operación por la adherencia de desechos en ceniceros.
Los riesgos son, por una parte, que la infraestructura puede tronar; por otra, que la inexistente inspección de la CFE, así como de la Secretaría del Trabajo, ha incentivado un incremento en la actividad minera irregular, a costa de la salud y la vida de trabajadores del carbón.
Ciertamente, la problemática que plantean los procesos sucios de generación de electricidad no es nueva, pero han crecido en la actual administración y, por estas fechas, se han empalmado con el debate de reforma al sector eléctrico. Claro que hay abusos, que la legislación surgida del Pacto por México favorece los negocios al amparo del poder y que era indispensable revisar el
marco jurídico para asegurar la soberanía energética.
Sin embargo, la política impulsada en lo que va del sexenio, está incrementado esos problemas y reproduciendo los vicios en el contratismo con proveedores que, se supone, la actual administración, con reforma o sin ella, plantea erradicar.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
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