El último informe sobre adaptación al cambio climático del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), que congrega a científicos de todo el mundo, ha demostrado con evidencia, una vez más, que estamos en una disyuntiva histórica crucial: seguimos usando las energías fósiles u optamos por nuestro futuro como humanidad. La recomendación es contundente: reemplazar las energías contaminantes con energías renovables. Invertir en nueva infraestructura para la producción y explotación de petróleo, carbón y gas es “una locura, desde la perspectiva económica y moral”. Las barreras a esta transición necesaria y posible son políticas, no científicas, tecnológicas o financieras.
En las decisiones políticas ha pesado una lógica económica sobre el costo de la transición energética. En 1986, James Hansen, entonces Director del Instituto Goddard de Estudios del Espacio de la NASA, advirtió al Congreso sobre la evidencia científica respecto de la existencia del cambio climático. Ese año, se introdujeron más de 30 propuestas legislativas sobre cambio climático y las Naciones Unidas crearon el IPCC. Desde entonces, las grandes empresas petroleras, como Exxon, y sus socios, sobre todo del Partido Republicano, han seguido una campaña mediática y de cabildeo en el Congreso para oponerse a la acción climática por sus supuestas implicaciones al crecimiento económico.
Hoy, un presidente Demócrata ha hecho del cambio climático una prioridad asociada a la justicia social. A pesar de ello, el imperativo económico sigue prevaleciendo, aún entre algunos miembros de su propio partido, sobre las consecuencias ambientales, de salud y sociales del uso de las energías fósiles. En EU, el año pasado se destinaron $145 mil millones de dólares a atender los impactos climáticos. A nivel global, se estima que el costo de la inacción climática rebasaría los $550 billones de dólares, una cifra mayor al dinero que circula en el mundo. Los más afectados de que se queme el planeta serán los más pobres, los niños y los jóvenes, a los que les estamos robando su futuro.
En este contexto, no deja de sorprender que en la política eléctrica del gobierno de la 4T, cuyo lema es “los pobres primero”, prevalezca la eficiencia económica, particularmente en las reglas de despacho de la Ley de Transición Energética (LIE). Llama la atención que la competitividad económica haya pesado también en los argumentos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para descartar la inconstitucionalidad de la LIE. Solo un ministro se pronunció por la inconstitucionalidad de dicha ley, argumentando que las energías renovables son esenciales para asegurar el derecho humano a un medio ambiente sano. ¿Será que al gobierno de la 4T se le olvidó revisar datos contundentes demostrando que los pobres son los más afectados por el deterioro medioambiental y los impactos climáticos?
POR ISABEL STUDER
DIRECTORA ALIANZA MÉXICO DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA
ISABEL.STUDER@SOSTENIBILIDADGLOBAL.ORG
@ISASTUDER
CAR