La democracia, definida en su expresión más simple, es la forma de gobierno en la que el poder reside en las personas. Sin embargo, la forma en que este poder se ejerce y expresa puede variar en su forma e instituciones. Así, la democracia surgida durante el siglo XIX se limitaba al ejercicio del voto para elegir representantes que “ejercieran” el poder en su nombre. Esta forma de democracia representativa limitaba el papel de las personas al día de la jornada electoral, mientras que el resto de las decisiones eran tomadas por quienes resultaban electos (así, con o).
Aunque esta naciente democracia fue un parteaguas frente a siglos de historia de dominio monárquico y exclusión de un enorme número de poblaciones, los mecanismos e instituciones surgidos seguían sin responder a los intereses y necesidades de todas las personas. Así, conforme las democracias fueron evolucionando, se hizo evidente que estas debían democratizarse aún más, de tal manera que las decisiones de política, legislación y gobierno correspondiera directamente con la realidad social y el día a día de las y los ciudadanos. Este proceso empezó por plantear y construir contrapesos reales en el ejercicio del poder, con órganos e instituciones más cercanos a la gente.
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En México, el proceso de apertura democrática fue de la mano con la construcción de una sociedad civil cada vez más participativa. Finalmente, con el desmantelamiento del régimen de partido único, en la década de 1990, no sólo empezaron a existir elecciones con competencia política real, sino que también surgieron instituciones y mecanismos de contrapeso. Aunque este proceso se encuentra aún en construcción, la experiencia vivida hizo también evidente la necesidad de generar canales más directos para conectar sociedad con gobierno, y garantizar que las acciones tomadas por el segundo devinieran de la voluntad, necesidades y experiencias de las y los primeros.
Es en este contexto que surge el concepto de democracia participativa, que es aquel modelo en el que las personas participan de manera permanente en la toma de decisiones y no sólo mediante la elección de sus representantes. ¿Cómo es posible dar este salto? A la par de la construcción de contrapesos, era necesario generar espacios de comunicación y diálogo continuos: plebiscitos, consultas y ejercicios de parlamento abierto en el que se pudieran tratar temas tan relevantes como la reforma a leyes clave, la defensa y ampliación de los derechos de los grupos de atención prioritaria, o ejercicios, como la revocación de mandato, para definir la continuidad de un gobierno. Dar este paso es llevar a la democracia a un siguiente nivel y empezar a cumplir las aspiraciones democráticas planteadas en nuestra Constitución: hacer de México un país en el que el poder y la soberanía nacional realmente residan en el pueblo, y sea éste quien pueda determinar los cambios trascendentales de nuestra nación.
Esta fue la voluntad expresada detrás de la creación de normas como la Ley de Participación Ciudadana, reformas como aquella que avala y regula los procesos de consulta pública para personas y pueblos indígenas y barrios originarios, o mecanismos como el Presupuesto Participativo. Leyes que ahora están en modalidad “beta”, es decir, en aplicación y evaluación para realizar los ajustes pertinentes para la verdadera garantía de los derechos políticos y ciudadanos. No obstante, para poder dar el salto necesario de la democracia representativa a la democracia participativa también es necesario hacer una difusión pública, masiva y permanente de las reformas, innovaciones y propuestas que existen, enfocadas a construir una democracia en la que todas y todos cuenten.
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Lo anterior implica asegurar el conocimiento público de la existencia e importancia de parlamentos abiertos y consultas ciudadanas que sirvan para definir los cambios de rumbo a nivel local y federal. Desde 2018, y como nunca antes, ha existido un compromiso general con ampliar y fortalecer la democracia participativa. No obstante, lograrlo es una responsabilidad que nos involucra a todas y todos, empezando por las instituciones electorales, y pasando por las personas legisladoras, en un compromiso permanente por “conectar” las calles con el Congreso. Sólo entonces podremos continuar por el camino de la democratización de nuestra democracia, para hacer de ella menos un concepto y más una realidad.
POR TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
DIPUTADO LOCAL DE MORENA
@TEMISTOCLESVR
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