LÍNEA DIRECTA

Falsa justicia

A raíz del triunfo de AMLO, en 2018, la línea divisoria entre los poderes se fue diluyendo y el Ejecutivo se apoderó del Legislativo y de parte del Judicial

OPINIÓN

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Ezra Shabot / Línea Directa / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

La transición democrática mexicana consiguió, entre otras cosas, la transformación del máximo órgano impartidor de justicia, la Suprema Corte, en una instancia con autonomía e independencia que la convirtió en un poder más, indispensable para el equilibrio de la estructura de poderes en el país.

Las reformas de 1994 y 1999 con Ernesto Zedillo como Presidente, hicieron de la Corte un verdadero contrapeso al presidencialismo y las arbitrariedades propias de un Poder Legislativo desconocedor de su propia función, como creador de leyes congruentes con la Constitución Política de la nación.

Con tensiones propias de una democracia naciente, el nuevo sistema comenzó a operar, y la Corte terminó siendo la última oportunidad de salir avante ante los abusos de poderosos y arbitrarios. A raíz del triunfo de López Obrador en 2018, la línea divisoria entre los poderes se fue diluyendo y el Ejecutivo se apoderó del Legislativo y de parte del Judicial, precisamente a través del accionar de nuevos Ministros nombrados por el propio Presidente.

Las pugnas al interior del gobierno —Scherer—Gertz—Sánchez Cordero— abrieron la Caja de Pandora del entramado existente con un Poder Judicial hoy sometido a presiones extremas por parte del Presidente y sus funcionarios.

La respuesta enfática de la Corte sobre el caso de las familiares de Gertz, encarceladas de manera ilegal, en el sentido de otorgar el llamado “amparo liso y llano”, son en el fondo la respuesta de una Suprema Corte que como órgano colegiado no podía mostrarse como un apéndice del Ejecutivo o de su fiscal a modo.

Pero esta es la excepción a la regla. El escándalo mediático rompió la estrategia de Gertz y algunos ministros de la Corte. Pero en cuanto a la Ley de Reforma Eléctrica y su inconstitucionalidad manifiesta, la Suprema se verá obligada a definirse en torno a su profesionalismo jurídico o su subordinación a la voluntad presidencial. Esta ley es básicamente contraria a la Constitución y sus disposiciones en materia energética aprobadas en 2013. Por ello AMLO insiste en la reforma constitucional.

Pero parecería que se trata de una doble estrategia cuyo objetivo es demostrar el poder del Presidente en toda la línea.

Hacer que la Corte apruebe la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, y que la Cámara de Diputados haga lo propio con la reforma constitucional, y dejar para mejores tiempos la batalla en el Senado.

Por lo pronto el tema de la justicia en nuestro país va perdiendo la batalla frente a un poder político que recupera los espacios perdidos en detrimento de la democratización del país.

POR AZUL ALZAGA
PERIODISTA
@AZULALZAGA

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