Habían pasado apenas dos años de que el PRI, vía Enrique Peña Nieto, había recuperado la Presidencia. El partidazo se creía de nuevo “en la plenitud del pinche poder”, como diría Fidel Herrera, y su dirigente nacional, César Camacho Quiroz, daba por hecho que el futuro sería tricolor muchos años más.
Así que se le ocurrió borrar el engorroso trabajo de negociar con la oposición de ese entonces: en agosto de 2014 propuso una consulta ciudadana para recortar de 200 a 100 los diputados plurinominales y rasurar por completo a los 32 senadores de esa modalidad. Argumentó, por supuesto, “reducir costos” a los mexicanos.
Formularon la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que se eliminen 100 de las 200 diputaciones plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?”. Pusieron a su estructura a juntar firmas. Lo apoyaron sus bancadas, sus gobernadores, y su base sindical, incluida la CTM.
A mediados de septiembre de ese año habían juntado 6 millones 75 mil 752 firmas, cuando sólo requerían un millón 605 mil 120. Pero el INE las auditó: encontró que cuatro de cada 10 eran falsas. Y en noviembre, la Suprema Corte declaró inconstitucional, por unanimidad, la dichosa consulta del priismo, frustrando el plan de mermar a las minorías en el Congreso.
Ocho años después, el presidente Andrés López Obrador, en su plenitud del poder como el PRI de aquel entonces, plantea lo mismo, pero recargado: eliminar a los 200 diputados plurinominales y los 32 senadores, para lo cual requiere reformar los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución.
No hará consulta popular. Mandará al Congreso una iniciativa, que además incluye desaparecer los Oples, cortar la mitad del presupuesto al INE y que los consejeros y magistrados electorales sean electos por la ciudadanía.
Difícil que se apruebe, porque Morena y sus aliados carecen de las dos terceras partes de los votos necesarios en el Congreso. Sin contar con que hasta sus peones legislativos, como el petista Gerardo Fernández Noroña, consideran que eliminar los pluris “es parte de la agenda de la derecha”.
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EN EL VISOR: Cantado está otro revés de la Corte para el Presidente. El próximo lunes se prevé anular la prohibición impuesta a funcionarios públicos para incorporarse a empresas privadas durante 10 años tras dejar el cargo público. La ministra ponente es Norma Piña.
POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN
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