¿Qué ciudadano de cualquier país no desearía evitar largas filas o ser atendido eficaz y eficientemente? El desgaste de las instituciones públicas provocado por el distanciamiento de los gobernantes hacia sus gobernados ha obligado a innovar la forma gobernar. Ahora se busca escalar a un tipo de gobierno confiable, integrado, eficiente, inteligente, abierto y cercano.
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) se consideran como la opción para disminuir el distanciamiento entre los ejecutores de políticas públicas y los ciudadanos, mediante herramientas de gestión pública basados en una visión de equidad, accesibilidad y transparencia. El aprovechamiento de las TIC’s se plantea en los últimos tiempos, no como una moda, sino como una necesidad. En torno a este reconocimiento se han desarrollado conceptos como gobierno digital, electrónico o e-gob. La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) refiere este cambio de paradigma en el gobierno como aquél que hace uso de las tecnologías de la información y comunicación para proveer servicios gubernamentales, independientes del tiempo, distancia y complejidad organizacional.
El objetivo del gobierno digital se centra en la reestructura de sistemas y procesos que eliminen obstáculos, que la ciudadanía tenga la oportunidad de realizar trámites desde un mismo lugar, en la mayor posibilidad de inmediatez y minimizar la burocracia, mediante herramientas de autenticación incidiendo en menor número de prácticas corruptas o acceso desigual a los mismos servicios entre los ciudadanos.
El Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de la ONU mide la capacidad digital de los gobiernos en servicios en línea, infraestructura de telecomunicaciones y capital humano. En el sondeo de 193 países realizado en 2020, sobresalen en este índice Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, México, Colombia y Perú con un rango de .708 a .850 puntos, donde la escala va de 0 a 1, siendo 1 la mayor puntuación en América Latina. Estas cifras refieren el viraje de la región hacia la adopción de modelos de gobierno abierto e instrumentado de manera digital.
Desde luego, la pandemia por COVID dio evidencia de la necesidad de acelerar de manera más profunda y decidida la digitalización y el gobierno abierto, tomando en cuenta que los países de la región sufrieron las mayores afectaciones de la crisis sanitaria y consecuentemente económica. El desigual acceso a infraestructura tecnológica y la deplorable carencia de conectividad en gran parte de América Latina se ha abordado como un desafío a superar, por medio de la cooperación tanto regional como global. La Agenda Digital para América Latina y El Caribe que derivó de la Séptima Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe suscribe las siguientes áreas de trabajo: infraestructura digital; transformación digital y economía digital; gobierno digital; inclusión, competencia y habilidades digitales; tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible; confianza y seguridad digital; mercado digital regional; cooperación regional digital y; facilitar la recuperación y reactivación económica.
La participación de México, en la agenda compromete a las instituciones públicas de todos los órdenes de gobierno en el país, a encauzar y acrecentar esfuerzos más contundentes en la entrega de servicios a la ciudadanía, así como la capacidad de atención y respuesta eficaz y eficiente ante las demandas más apremiantes de la sociedad. Será fundamental estimular la participación ciudadana para obtener su evaluación y retroalimentación indispensable en la mejora de los servicios prestados desde el entorno digital.
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