En su más reciente artículo, titulado Los soldados de tierra, mar y aire, Juan Ibarrola, permanente estudioso de las Fuerzas Armadas, señala: “Militarizar significa imponer orden y disciplina militar; significa la disolución de poderes y para acabar pronto, la toma del poder y del orden público. En la comprensión de que los militares en México pocas veces expresan su sentir o bien, por su naturaleza no es necesario hacerlo, sin embargo, y muy importante, es el hecho de que hasta donde se recuerda, no se han emitido mensajes o amenazas directas o indirectas de que los militares intervendrán en decisiones de Estado que no sean estrictamente las de defensa o seguridad del país y de los mexicanos”.
En sentido estricto, tiene razón. Salvo la interpretación que algunos analistas hicieron de un discurso del secretario de la Defensa dotándolo de un sentido de apoyo personal al proyecto político del titular del Ejecutivo, no existen indicios de que los militares hagan política en búsqueda del poder.
Muchas son las tareas que se les han asignado, y eso no es atribuible a un plan de las Fuerzas Armadas. Más bien se explica a la luz de la enorme confianza en ellas depositadas por el Presidente. O viéndolo de otra manera, se debe a la desconfianza presidencial a todo aquello que no emane de la formación militar.
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Es temprano para juzgar las obras encomendadas al Ejército y la Marina Armada estos últimos años. Pero es tiempo de reconocer que en materia de seguridad fue un error la desaparición de un cuerpo auténticamente civil, que ciertamente tenía muchas áreas de oportunidad para mejorar, pero que había dejado muestras de que iba en el camino correcto.
No existe pues militarización del país, a decir de Juan Ibarrola, sino apoyo de las FFAA en respaldo a tareas de gobierno. En seguridad pública, sin embargo, basta observar la estructura orgánica de la Guardia Nacional para determinar que la administración y el control operativo son eminentemente militares.
El vilipendio a hombres y mujeres formados en el modelo civil, orillados a renunciar o relegados a tareas que invisibilizan sus capacidades, fue un error del Ejecutivo avalado por el Legislativo. De eso no debe culparse a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Nacional, que cumplen instrucciones e intentan hacerlo de la mejor manera. Reitero: la Policía Federal pudo coexistir con la Guardia Nacional bajo mejores prácticas de investigación y operación policial. También, que la policía dependiente de la Fiscalía de la República merece fortalecimiento integral o seguirá acumulando carpetas imposibles de judicializar. En seguridad pública federal prevalece un modelo militar y desprecio del Ejecutivo al modelo civil; desaire alimentado por razones políticas, no de eficacia. Eso debe cambiar en beneficio del país, las Fuerzas Armadas y de miles que, a pesar de todo, anhelan ser policías de excelencia.
POR MANELICH CASTILLA
COLABORADOR
@MANELICHCC
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