En este país, las mujeres en libertad están en constante riesgo de ser acosadas, asesinadas o desaparecidas. Ser periodista, defensora del agua y la tierra o trabajadora sexual, incrementa este riesgo. Sin embargo, el riesgo se convierte en realidad cotidiana cuando se trata de mujeres privadas de libertad.
Peligrosamente se ha normalizado que poco más de 12,400 mujeres en México sobreviven en prisión bajo condiciones que están lejos de garantizarles una vida digna y libre de violencia. Sobreviven es el término adecuado, pues cuando a una mujer no se le garantiza agua potable, alimentación y atención médica adecuadas, no hay otra palabra para describir la situación y los peligros que tienen que enfrentar todos los días.
Más peligroso resulta que en México, y en muchos países de la región, no se actúe con base en evidencia y se siga impulsando una política de encarcelamiento masivo, cuyos efectos desproporcionados sobre las mujeres, sus hijos, hijas y demás redes de apoyo, han sido ampliamente documentados. Evadir la evidencia ha tenido consecuencias devastadoras: hoy 1 de cada 2 mujeres en prisión es legalmente inocente y está a la espera de una sentencia.
Para las personas que se mantienen ajenas a estas problemáticas, es relativamente sencillo aceptar y replicar el discurso de que la prisión es la solución, sobre todo a los graves problemas de inseguridad que enfrenta el país. En el caso de las mujeres en prisión, a este discurso se suman elementos que reflejan la violencia y discriminación en contra de las mujeres: ellas “merecen” estar en prisión, “seguro en algo andaban”, “si hubieran estado con sus hijos en casa no estarían en prisión”.
Este discurso no podría estar más alejado de la realidad y pasa por alto tres cuestiones fundamentales. La primera es que culpables o inocentes, estas mujeres siguen siendo sujetas de derechos. Bajo el paradigma constitucional actual, la prisión no es sinónimo de castigo y la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos se mantiene aún en reclusión. Por ello, no existe justificación alguna para mantenerlas privadas de libertad en condiciones deplorables.
La segunda es que se está imponiendo la prisión sobre mujeres cuya responsabilidad por la comisión de un delito no ha sido acreditada. Más de 6,500 mujeres en este país están compurgando una pena de prisión sin que exista una sentencia condenatoria en su contra.
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La tercera es que en un país como México en el que los procesos penales no son perfectos y en donde son comunes las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de las personas procesadas, las injusticias existen y la fabricación de culpables también. Por ello, en muchos casos no existe certeza plena de que estas mujeres efectivamente hayan cometido un delito.
Ante un escenario tan cruel y violento como el planteado, el actuar de las instituciones del Estado debe ser inmediato, permanente y estratégico. En este sentido, el rol de la Defensoría Pública Federal es crucial y busca mantenerse a la altura de las exigencias actuales. Garantizar los derechos a una defensa adecuada y a acceder a la justicia libre de violencia, prejuicios y estereotipos de género, es una prioridad para la Defensoría Pública Federal y por ello se impulsan toda clase de esfuerzos para comenzar a saldar la deuda histórica que este país tiene con las mujeres en prisión.
La Defensoría Pública Federal está litigando la prisión preventiva excesiva impuesta a mujeres, denuncia permanentemente la tortura perpetrada contra ellas y exige se garanticen sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Por primera vez, la Defensoría Pública Federal lleva los casos de mujeres privadas de libertad ante organismos internacionales de derechos humanos, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer o el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, ambos de la Organización de las Naciones Unidas.
A raíz de la publicación de la Ley de Amnistía en 2020, el Instituto ha presentado más de 600 solicitudes de amnistía, de las cuales poco más de 100 son en beneficio de mujeres privadas de libertad. Se ha logrado que 26 mujeres se vean beneficiadas con esta ley y actualmente se encuentran libres.
Poco más de 1,700 defensores, defensoras, y oficiales pertenecientes a la Defensoría Pública Federal, exigen diariamente en los juzgados de todo el país se garantice justicia para estas mujeres.
La labor es titánica. Sin embargo, dejar de actuar genera complicidad y recrudece la violencia contra un sector de la sociedad que históricamente ha sido discriminado y violentado impunemente.
Las prisiones y las vidas dentro de estas dicen mucho de lo que somos como sociedad y de lo que aspiramos a ser. Actualmente, el discurso hegemónico parece imponer la idea de que la prisión es la solución más efectiva, sin importar quién esté encarcelada y bajo qué condiciones. Este discurso debe revertirse. La criminalización de las mujeres y el reproche social y estatal que se hace en su contra debe detenerse, al igual que la normalización de las distintas violencias que sufren las mujeres en prisión.
La lucha de las mujeres privadas de libertad en México no debe ser una batalla solitaria, ni pelearse únicamente en los juzgados o en las prisiones. Estas mujeres tienen una voz propia que necesita ser escuchada. Por ello, si queremos afirmar que México es un país en el que se respetan los derechos humanos de todos y todas y un país que asume un verdadero compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres, hoy más fuerte que nunca debe gritarse que estas mujeres no están solas.
POR: LAYLA ALMARAZ
DIRECTORA DEL ÁREA DE SECRETARÍA TÉCNICA DE COMBATE A LA TORTURA
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