El pasado 4 de febrero se suscitó un hecho lamentable que pudo desembocar en una tragedia: durante una toma en la caseta de Palo Blanco, y tras la intervención de las fuerzas del orden, un grupo de individuos, supuestamente miembros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, lesionaron a más de 20 agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Chilpancingo, además robaron un tráiler, el cual proyectaron en contra de la plaza de cobro, generando destrozos en comercios situados a un costado de la vía. Afortunadamente y, a pesar de la inusual violencia, no se presentó ninguna persona fallecida.
Estos hechos se dieron justo al inicio del primer puente vacacional del año, cuando miles de personas viajaban de la Ciudad de México al puerto de Acapulco. La correcta acción de las autoridades permitió que un importante número de vacacionistas no quedara expuesto directamente a esta situación. Sin embargo, más allá de lo aparatoso, preocupante y mediático del incidente, es importante hacer algunas reflexiones:
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1. En su conferencia matutina del lunes 7 de febrero, el Presidente se refirió al hecho y señaló algo que, a mi juicio, es fundamental e ilustrativo; existe un número importante de grupos, en el país, que se han organizado para llevar a cabo el llamado huachicol carretero. Esas agrupaciones han instrumentado de manera efectiva una estrategia en la que se “montan” en causas sociales legítimas para disfrazar sus acciones ilegales, en detrimento de quienes auténticamente buscan, con la protesta social, atender reclamos de justicia.
2. Es necesario insistir en la importancia de distinguir entre las legítimas causas que obligan a las personas a manifestarse pacíficamente sin afectar derechos de terceros, de quienes se escudan en éstas para cometer un delito. En ocasiones lo hemos advertido, en entidades como Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Jalisco, entre otras, agrupaciones delincuenciales que presumen defender causas como la de presos políticos o que incluso se autonombran como “Resistencia Civil Pacífica” se han dedicado a violentar a los usuarios y a sus familias, haciéndose, ilegalmente, de importantes recursos. Las autoridades y operadores de autopistas seguiremos impulsando el estricto respeto al Estado de Derecho; al mismo tiempo, somos empáticos con quienes legítimamente se manifiestan, en pleno uso de sus derechos, en búsqueda de justicia.
3. Por desgracia, los hechos de la caseta de Palo Blanco llaman la atención por el nivel de violencia; sin embargo, es importante decir que, al menos desde hace tres años, hemos alertado la agresividad de los grupos que toman casetas. Anteriormente denunciamos hechos que amenazaron directamente la integridad de automovilistas y operadores en plazas de cobro, como la Tepotzotlán.
4. En prácticamente toda estrategia que tiene el objetivo de eliminar ilegalidades, resulta clave seguir la pista del dinero; el delito del huachicol carretero no debe ser la excepción. Es necesario entender la ruta que siguen los recursos extraídos ilegalmente a los usuarios mediante la extorsión, así como los beneficiarios de esta actividad indebida. Como hemos señalado, sólo entre 2019 y 2020, el sector de autopistas concesionadas enfrentó costos de alrededor de siete mil millones de pesos por toma de casetas; hoy, más que nunca, es válido y necesario preguntar quién o quiénes recibieron estos cuantiosos montos y para qué los utilizaron.
En este espacio hemos enumerado las acciones de las autoridades federales que, con gobiernos estatales y concesionarios de autopistas, han bajado la incidencia de este delito. Afortunadamente, el 22 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma al Artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Este es, posiblemente, el hecho más trascendente en la lucha contra el huachicol carretero; la adecuación legislativa impone penas de hasta siete años de prisión a quienes lucren con actividades que conlleven, entre otras, interrupción de servicios de peaje.
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La nueva Ley es producto de un trabajo de más de dos años, donde participaron el Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Capufe y Fonadin, los concesionarios miembros de la AMCIV y los diputados Juanita Guerra (Morena) y Víctor Manuel Pérez (PAN), quienes retomaron las preocupaciones de los operadores de autopistas afectados, y construyeron una propuesta legislativa clara que contó con el apoyo de una vasta mayoría de legisladores en la Cámara baja y el Senado. En todo el proceso de aprobación, fue fundamental también el liderazgo del subsecretario Ricardo Mejía y de los senadores Ricardo Monreal, Lucy Meza, Xóchitl Gálvez, Miguel Ángel Mancera y Julen Rementería.
La correcta instrumentación de esta ley enfrenta importantes retos; esta legislación sólo será útil sí se convierte en un instrumento que desincentive y castigue a quienes practican el huachicol carretero, y con esto, se eviten hechos como los acontecidos en la caseta de Palo Blanco.
POR MARCO FRÍAS
DIRECTOR GENERAL DE LA AMCIV, A.C.
@AMCIV
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