El fin de semana pasado, aprovechando que era puente y muchos capitalinos se lanzan para Acapulco, normalistas de Ayotzinapa (o al menos un grupo de gente que se identificó como tal) fueron a la caseta de Palo Blanco para tomarla y ellos cobrar el paso.
Es una oportunidad que pocas veces se presenta al año para que puedan pedirle a esa cantidad de viajeros una “cooperación voluntaria”. Lo que a todas luces es un delito, el gobierno federal lo toleró durante muchos años. Celebro que eso se haya terminado el fin de semana.
Lo que me parece gravísimo es que ni la alcaldesa de Acapulco ni el presidente de este país se noten muy ocupados en averiguar quién enfiló un tráiler contra la Guardia Nacional. Lo que debería ser mínimo daño a propiedad ajena parece que se sumará a las estadísticas de impunidad.
¿Por qué le tienen miedo a los normalistas?
Es claro que la tragedia de 2014 vivirá en la conciencia colectiva de todos por siempre, pero el gobierno está para hacer cumplir la ley independientemente de quién se trate. Ese es el concepto de igualdad ante la ley: no importa quién seas, las reglas son unas y se tienen que cumplir.
¿Por qué la excepción con ellos? Gracias a los eventos de 1968, se tiene la concepción popular de que los estudiantes son nobles, inocentes e incapaces de cometer cualquier atrocidad. Contestatarios y rebeldes por naturaleza, abanderados del cambio, pero no delincuentes. El caso con los estudiantes de Ayotzinapa es distinto. Ellos ni por asomo son inocentes.
En 2018, la CNDH publicó una investigación (15VG/2018) donde se retrata la vida interna de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. De inicio, el funcionamiento de la escuela está en manos de los estudiantes; las autoridades escolares están de adorno. El verdadero control de la escuela lo ejerce el Comité de la Base Estudiantil.
Pongo como ejemplo la “Semana de Prueba” a cargo del sub comité de Conciencia Política. Antes de que los aspirantes admitidos a través de la convocatoria y los procesos oficiales puedan completar su inscripción, deben de superar una semana de franca tortura.
De las 8 de la noche a las 4 de la mañana, obligaban a los de nuevo ingreso a correr por toda la escuela y por todo Tixtla. Los hacían meterse a un hoyo con lodo. Los obligaban a aventarse a la alberca, supieran nadar o no. Los hacían bañarse con agua fría con todo y ropa. No los dejaban secarse y así tenían que ir a tomar clases para que no les diera sueño.
El desayuno y la comida era una cucharada de frijol sin sal y dos tortillas. Si los organizadores de este pueril ejercicio juzgan que “no estás a la altura”, te obligan a firmar la renuncia a tu lugar. Y todo con la venia de autoridades escolares y gubernamentales.
La justificación para organizar semejante atrocidad es para ver si tienen “el cuerpo y el carácter suficiente para estar en la escuela” ¿Pues qué hacen ahí? Estamos hablando de una escuela, no un gulag.
La misma investigación documenta testimonios de tráfico y consumo de droga al interior del plantel, del secuestro de camiones para sus fines, del robo de mercancía. Es cierto que la esencia combativa de los estudiantes de esa escuela es histórica. Tanto Lucio Cabañas como Genaro Vázquez Rojas salieron de ahí, pero hay una diferencia entre protestar y otra muy diferente es soltar un tráiler de 40 toneladas contra la policía.
Idealizar a una persona o a un grupo de personas es un grave error. Nadie es completamente bueno o completamente malo. Los estudiantes no son inherentemente buenos. El Ejército no es incorruptible. El presidente no es infalible. ¿Por qué el miedo a los normalistas?