La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se negociaron durante más de dos años entre los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Ambos documentos fueron aprobados por unanimidad en septiembre de 2015, como la guía para orientar a todos los países en la ruta del desarrollo sostenible. La aspiración original era que todos los países debían alcanzar los 17 ODS y sus 169 metas en 2030. Aunque cada vez se ve más difícil que esa aspiración llegue a cumplirse en ese año, al mismo tiempo no hay alternativa a tratar de seguir avanzando. El desarrollo en cada país debe ser sostenible, beneficiando a todas las personas, sin dejar a nadie atrás, protegiendo al planeta, promoviendo la paz y la justicia, y la prosperidad de todos, o simplemente no es desarrollo ni humano ni sostenible.
La ausencia de un desarrollo humano sostenible se confirma cuando en un país aumenta la pobreza y el hambre. Cuando menos personas tienen acceso a servicios de salud, educación de calidad, al agua potable y a las energías limpias. Cuando se reducen los empleos decentes y aumenta la informalidad; cuando se deteriora la infraestructura y se cancelan los incentivos para la innovación tecnológica; cuando más ciudades están cayendo en manos de la criminalidad organizada, o en manos de incompetentes; cuando se permite o se fomenta, por irresponsabilidad o indiferencia, que se deterioren gravemente los ecosistemas terrestre y marítimo. Tristemente, todo esto está ocurriendo hoy en nuestro país, como nos demuestran los datos del INEGI y el CONEVAL, entre otros.
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Cuando se negociaban los ODS algunos países hacían notar que el desarrollo sostenible era imposible en sociedades afectadas gravemente por conflictos internos, por altos niveles de criminalidad y violencia, o en donde se violaran abiertamente los derechos humanos, y el estado de derecho solo fuese una quimera. En consecuencia, un grupo de países, entre los que estuvo México, propusieron añadir a los ODS un nuevo Objetivo: promover sociedades pacíficas y justas, con respeto a los derechos humanos y al estado de derecho, a través de instituciones sólidas, capaces de asegurar la justicia, la seguridad y la paz. Ese fue el origen del ODS 16: paz, justicia e instituciones sólidas.
Lo que ya se sabía, pero se comprobó en aquellos debates en las Naciones Unidas, es que la gran diferencia entre sociedades pacíficas y justas, y aquellas que no lo son, reside precisamente en la existencia y solidez de instituciones públicas fuertes y sanas, y en la credibilidad y confianza que logren inspirar entre su población. Los países más desarrollados son aquellos con el más alto nivel de institucionalidad. A mejores instituciones que operan con transparencia y legalidad, más alto será su nivel de desarrollo. Así de sencillo.
Las sociedades más pacíficas y justas, las más avanzadas, son las que poseen un sistema judicial fuerte, eficiente y expedito, que opera con independencia y no hay injerencia indebida del gobierno en turno. Son sociedades que, con un esfuerzo sostenido de varias décadas, e incluso de siglos, han logrado erradicar la pobreza y el hambre, y cuentan con sistemas de salud y de educación de calidad. No es una casualidad que esas sociedades sean las más igualitarias, con menores diferencias en riqueza e ingreso entre su población, y donde las desigualdades entre hombres y mujeres también son las menores. Destacan los países nórdicos y algunas otras naciones europeas, a las que en los últimos años se les han añadido algunos países asiáticos como Singapur, Japón, Corea, Taiwán. Son los países que año con año alcanzan los niveles más alto de desarrollo humano y sostenible.
México parece ir contra la corriente. Es cierto, en las últimas décadas el crecimiento fue mediocre, muy por debajo de las necesidades de la población. La mitad de las mexicanas y mexicanos subsistió bajo la línea de pobreza. La corrupción a todos los niveles se mantuvo como una lacra nacional. Pero también es cierto que en las últimas tres décadas se crearon instituciones autónomas como el INE, el INAI, el INEGI, el CONEVAL, la CNDH, el INECC y muchas otras que dieron mayor fortaleza al estado mexicano.
Pero en los últimos tres años el gobierno se ha dedicado a debilitar o desmantelar instituciones públicas, usando siempre el mismo pretexto: son caras, ineficientes o impera la corrupción. No ha sido necesario que esas acusaciones sean respaldadas con investigaciones, informes, datos duros o denuncias formales ante la autoridad judicial para que se investigue, procese y castigue a los presuntos responsables. Han bastado las afirmaciones del presidente en alguna de sus mañaneras.
El resultado es que tenemos un estado más débil, más ineficiente y, sobre todo, más ausente. No es casualidad que la violencia y la criminalidad se siguen extendiendo en todo el territorio nacional. Somos, cada vez más, una sociedad menos pacífica, más pobre y desigual. Se respetan menos los derechos humanos y el estado de derecho brilla por su ausencia.
Preocupa mucho la tendencia a minar o destruir las instituciones públicas que se construyeron a lo largo de muchos años. Seguramente no eran perfectas, pero no por ello merecían ser eliminadas. Por ejemplo, la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), decretada recientemente, es absolutamente irresponsable cuando el mundo entero está entrando en un estado de emergencia climática. Pero no se quiere a una institución dedicada a documentar, con objetividad e imparcialidad, los daños al medio ambiente que están produciendo las políticas a favor de combustibles fósiles y las grandes obras que impulsa este gobierno sin ningún estudio previo de impacto ambiental.
Pero lo que más preocupa es la opacidad de las políticas públicas dedicadas a combatir la pobreza, en donde los apoyos no fluyen con trasparencia, la destrucción del seguro popular que ha hecho que millones de mexicanos se hayan quedado sin acceso a servicios básicos de salud, y la entrega de la educación pública a grupos dedicados a la movilización política y no a la educación.
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Siete años después de la aprobación de los ODS, México no está reduciendo significativamente la violencia. Tenemos una de las tasas más altas de homicidio en el mundo, de 29 por cada 100 mil habitantes. En México se dan casos inauditos de trata de personas. No se está reduciendo la percepción sobre la corrupción, según reveló el Índice publicado recientemente por Transparencia Internacional. Tampoco se está reduciendo la delincuencia organizada. Y la tendencia del gobierno es a minar y destruir a todas las instituciones autónomas como el INE, el INAI y los órganos reguladores en materia energética. Se están incrementando los ataques a instituciones educativas y centros de investigación de calidad, como el CIDE y la UNAM.
La tendencia es a la destrucción institucional y la centralización del poder en la persona del Presidente de la República, una etapa histórica previa a la creación y consolidación de instituciones, que en México creíamos superada. México se aleja cada vez más de la paz y la justicia, como también muestra el último “Índice de Paz Global”, elaborado por el Institute for Economics and Peace y el Centre for Peace and Conflict Studies, de la Universidad de Sydney, en donde nuestro país se ubicó en el lugar 140 entre 163 estados.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS
PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
MIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX
@MIGUELRCABANAS
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