El viernes 4 de febrero, la decisión del juez Ganther Alejandro Vilar Ceballos fue rechazar el reclamo de Rosario Robles Berlanga sobre la supuesta prescripción del delito que se le imputa y la mantiene en la cárcel de Santa Martha Acatitla.
Rebuscado, pero validado por un tribunal colegiado, el alegato de la defensa de Robles Berlanga, era la prescripción de la imputación basada en el artículo 114 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuya fracción IV, establece que debe procederse conforme a la ley cuando un funcionario es omiso en informar a sus superior ilegalidades en contratos.
Con eso pedía salir de prisión. Pero ni siquiera causó el revuelo de otros alegatos relacionados con su búsqueda de libertad.
Por lo demás, desde los días de su detención, la tercera semana de agosto de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido documentales con valor procesal así como confesionales de mandos superiores y medios implicados en triangulaciones de fondos federales, que acreditan no sólo la omisión, sino la acción de la hoy exfuncionaria.
El 13 de agosto de 2019, Robles Berlanga fue enviada a prisión preventiva por el riesgo de escape. La decisión fue con una consideración del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, aparentemente endeble y sobre quien pesaba la relación de parentesco con Dolores Padierna. Vieja la animosidad entre ambas, desde la temporada de “videoescándalos” en los tempranos dos miles, del lado de Robles acusaban venganza de Padierna por el perjuicio infligido a René Bejarano unos 15 años antes.
El riesgo de fuga se acreditaba para el juez, entre otras razones como la consideración de que podía salir del país, en que había varios domicilios que podía usar y que no declaró en el proceso. Inesperadamente, fue uno de esos domicilios, el de un departamento en Reforma 222, el que en principio la hundió más allá de la prisión preventiva.
Y es que, el contrato de renta venía firmado con un domicilio en Torreón, Coahuila, que resultó ser propiedad de Susana Islas, una prima política cuyo hermano y socio, Alejandro Islas, aparecía como accionista mayoritario de razones sociales beneficiarias últimas de recursos vía triangulación, que había documentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Las empresas formaban parte de las conclusiones en uno de los 25 expedientes de auditoría incluidos en la carpeta de investigación. La historia fue documentada en Proceso (edición 2233) en agosto de 2019, e incorporada a las documentales presentadas al juez por el ministerio público en febrero de 2020.
No obstante, la relación en la renta del departamento de Reforma 222, la prima, su hermano y el desfalco, no es lo más grave en los expedientes que se engrosan sobre Rosario Robles. En diciembre pasado, tres exfuncionarios clave para la investigación, ofrecieron testimonios y documentos para probar que no sólo Rosario Robles estaba enterada de la operación de desfalco, sino que activamente, ocultó información.
Por orden jerárquico, destaca Enrique González Tiburcio, quien fue subsecretario de Robles en Sedatu; Armando Saldaña, hoy exdirector de Ordenamiento Territorial, y Juan de Dios Nochebuena, entonces rector de la Universidad Politécnica Francisco I Madero, una casa de estudios en Hidalgo a través de la cual se habrían desfalcado 185 millones de pesos.
La fórmula, de por sí ofensiva por ser recursos programados para los pobres de México, implicó en este caso usar a una universidad de pobres para prestar servicios ficticios a otras universidades para pobres. La FGR tiene listo el engrose de las causas penales 443/2019 y 539/2021 cuyo objeto es ese desfalco, así como las maniobras de ocultamiento de información tanto a la ASF como a los mencionados González Tiburcio y de Saldaña, quienes respectivamente habrían denunciado las irregularidades desde marzo de 2018, esto es, 9 meses antes de que el caso fuera retomado por el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien supervisa personalmente el asunto.
Urgencia por salir de prisión, litigio en medios: con el desechamiento del reclamo porque no ha prescrito lo considerado en el artículo empleado para imputarla, decidido el viernes por el juez Vilar Ceballos, inicia un nuevo peregrinar de Rosario Robles y sus voceros que, como en cada revés, atribuyen todo a una “venganza política”.
Sin embargo, sólo en estos asuntos, la exfuncionaria del peñanietismo tiene, tanto en lo moral como en lo judicial, mucho por aclarar.
Por: Arturo Rodríguez García
COLABORADOR HERALDO RADIO
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