Esta semana, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer que el gobierno de México, rebatió los argumentos presentados por las empresas armamentistas estadounidenses para intentar frenar la demanda presentada en su contra hace algunos meses. Dijo que dicho proceso en contra de fabricantes y vendedores es apoyado por instituciones de procuración de justicia dentro y fuera del país.
Recordemos que, en agosto del año pasado, la cancillería presentó una demanda en contra de dichas empresas ante una corte federal en el estado de Massachussets bajo el argumento de que las armas de su manufactura eran utilizadas en México con el objetivo de quitar vidas. Además de la reparación del daño, las autoridades mexicanas buscan que se dejen de realizar prácticas negligentes que favorecen el tráfico hacia territorio nacional. En ese sentido, los corporativos interpusieron un recurso ante las autoridades para tratar de frenar el proceso.
Sobre el particular, la Secretaría respondió hace unos días que el criterio de inmunidad para que las armerías no sean investigadas no se aplica en México donde opera un sistema legal que no permite el libre uso de armas. De igual forma, se recriminó a estas empresas porque consideran que sus prácticas ocurren bajo el conocimiento de que sus productos terminarán en manos del crimen organizado y activamente procuran atraer a ese tipo de mercados ilícitos.
Más allá de tratarse de una decisión valiente la de enfrentarse a un grupo de empresas con un importante poder político, es necesario destacar que en este proceso se ha demostrado una importante argumentación jurídica por parte del equipo legal de la Cancillería, como una de las contadas estrategias funcionales del gobierno mexicano para detener el tráfico ilegal de armas y las consecuencias que eso conlleva dentro de nuestras fronteras para la reducción de homicidios violentos que hoy forman parte de una crisis en seguridad sin precedentes.
La respuesta del gobierno mexicano dentro de las exigencias internacionales acompaña una argumentación sólida ante las exigencias de las empresas fabricantes de armas, que buscan proteger sus esquemas de producción y distribución bajo legislación estadounidense, la cual las “ampara” al hacer distinciones entre la fabricación y comercialización del uso irresponsable de estos artefactos y les otorga una especie de “inmunidad” para operar con toda normalidad.
Dentro de este esfuerzo, vale la pena destacar el apoyo de algunas de las fiscalías estatales estadounidenses, además de la representación de otros países que se suman a este llamado jurídico de restringir la comercialización a grupos delictivos de alcance regional. Si bien hay leyes que permiten la comercialización de armas mediante la distinción de responsabilidades, también hay leyes que protegen al consumidor por sobre las que estarían en violación las armerías. Particularmente, lo que respecta a la publicidad que abiertamente apela a la narcocultura como estrategia de marketing dentro del territorio nacional.
Finalmente, el gobierno mexicano revira este argumento legal bajo el principio de la no reciprocidad de las leyes estadounidenses con las mexicanas y la no injerencia, ya que las leyes que en este caso aplican son las mexicanas porque es en nuestro país donde la violencia se desata sin que hoy existan medidas correctamente cuantificables ni mucho menos positivas en este rubro.
POR AZUL ETCHEVERRY
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