El próximo 8 de febrero el Parlamento Abierto del Congreso tratará el tema de la Reforma Eléctrica contra el T-MEC, donde las protecciones a la inversión extranjera, los compromisos de apertura a la inversión, y potenciales reclamos de inversionistas o de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, serán temas centrales que deberían pesar en los debates del Congreso.
No sólo por el T-MEC, sino por los compromisos similares asumidos en más de 40 tratados suscritos por México, y por las potenciales condenas multimillonarias en caso de incumplir obligaciones internacionales.
Ningún Tratado de Libre Comercio (TLC) o Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) prohíbe a las partes signatarias realizar cambios en sus leyes o en sus políticas públicas, pero sí exigen que de afectarse el balance de lo negociado o el patrimonio de los inversionistas, tales cambios —así sean constitucionales— puedan ser objeto de revisión en tribunales internacionales, quienes determinarán si existen incumplimientos y, en su caso, el grado compensación que deberá otorgarse a cambio.
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En este debate, la Secretaría de Economía, la cual actualmente defiende a México en más de 10 arbitrajes de inversión y lo ha intercedido en más de 20, es quien puede aclarar cómo es que la reforma cumple o no con nuestros compromisos internacionales.
Ésto porque es la dependencia la que negocia los TLCs y los APPRIs, bajo los cuales se conducirían los potenciales reclamos.
Si el Congreso, habiendo escuchado a Economía, decide aprobar una reforma que viola compromisos internacionales, debería ir adoptando previsiones presupuestarias para indemnizar a inversionistas y solventar gastos de defensa.
Lo que no evitaría posibles incrementos arancelarios de Estados Unidos o Canadá, por haber reducido o eliminado la apertura del mercado eléctrico a la inversión extranjera en el T-MEC.
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Aprobar una reforma que incumpla compromisos internacionales conlleva asumir la responsabilidad de las potenciales condenas internacionales.
Las autoridades deberían ser capaces de asegurar que la reforma logre los objetivos legítimos de política pública pese a los potenciales montos de condena. Sin importar quien sea responsable, alguien tendrá que pagar por una reforma que incumpla compromisos internacionales (el contribuyente mexicano).
POR CARLOS VÉJAR
ABOGADO EN COMERCIO DE HOLLAND & KNIGHT
@VEJAR_C
CAR
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