Uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno de México para la segunda mitad del sexenio es la puesta en marcha del plan para la verdad, la memoria y justicia. Este proyecto busca ofrecer una respuesta institucional a las violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre 1965 y 1990 en el marco de la llamada “guerra sucia” y la violencia política durante este periodo. En un país en donde la agenda de temas urgentes no tiene fin, se corre el riesgo de que este plan no ocupe el lugar que se merece en la opinión pública.
El mecanismo propuesto por el gobierno tomó forma en los meses de julio y agosto de 2021 y es producto de mesas de trabajo con expertos y colectivos de sobrevivientes y familiares de víctimas. En este sentido es una respuesta puntual a las demandas que estas organizaciones han venido sosteniendo contra viento y marea durante décadas. Sin embargo, más allá de la deuda y el compromiso del Estado con los familiares y víctimas de estos crímenes, la magnitud de esta problemática atañe a la sociedad en conjunto y es indispensable que ésta participe activamente del proceso de esclarecimiento histórico.
Desde finales de los setentas, los organismos internacionales de derechos humanos han avanzado en el reconocimiento y codificación del “derecho a la verdad”. Si bien este derecho le asigna un lugar central a las víctimas y sus familiares, es la sociedad en su conjunto la que aparece como la encarnadura de este derecho. Es la sociedad la que tiene el derecho de saber qué pasó durante este periodo y frente a ella el Estado adquiere obligaciones muy concretas. Esto también nos habla del carácter inminentemente social de los derechos humanos, en tanto conjunto de garantías que permiten la vida digna de una colectividad.
De esta manera, el trabajo de la recientemente nombrada Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia parte del reconocimiento de estas obligaciones y trabajará en los próximos tres años para velar que el derecho a la verdad sea garantizado. Sin duda su tarea no será fácil pues la violencia ha sido –y sigue siendo- un dato estructural de nuestro país. En este sentido la sociedad debe impulsar, colaborar y exigir que el mandato de la Comisión llegue a buen puerto.
Como parte de esa sociedad organizada, los medios de comunicación debemos de asumir nuestra responsabilidad frente a las demandas de los colectivos, colocando este tema en el debate público e informando sobre los avances y los obstáculos a los que se enfrenta la Comisión. Como en tantos otros asuntos, no está permitido fallar pues más allá de que sea el Estado el que deba garantizar este derecho, el esclarecimiento de estas violaciones debe asumirse como un desafió social que nos implica a todos.
POR ADRIÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ
COLABORADOR
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