La fábula de las abejas, de Bernard de Mandeville, se publicó por primera vez en 1714. El subtítulo que lo acompaña anticipa su moraleja: vicios privados, beneficios públicos. Según el autor, la vileza que muestran los ciudadanos en la persecución egoísta de sus intereses conduce al aumento de la utilidad social. Esto lo descubre la colmena de abejas cuando Júpiter les concede el don de la virtud y toda su prosperidad se disuelve, pues habían perdido todo aquello que la producía: el egoísmo.
Resulta fascinante que uno de los pilares del imaginario liberal tenga como acta de nacimiento una fábula que hace de la sociedad de piratas una utopía deseable. Sin embargo, el argumento que vincula de manera automática al interés privado con el beneficio público ha perdurado en el tiempo y ha encontrado traducción en importantes doctrinas económicas todavía en boga. Por supuesto, también ha perdurado su crítica.
En los debates sobre la Reforma Energética es posible escuchar el mismo argumento de Mendeville. Lo más conveniente para todos —se afirma— es tener un mercado energético predominantemente privatizado, pues, al buscar maximizar su rentabilidad, estas empresas nos asegurarán un servicio eficiente y a bajo costo. Vicios privados, beneficios públicos. Pero no es 1714, sino 2022. En un mundo que parece estar virando nuevamente, la fábula que nos susurran algunos de los opositores a la reforma parece digna de una fantasía.
¿Cuál es, entonces, la alternativa al dogma de Mandeville? Primero, debemos aceptar que el beneficio público tiene como base material aquellos bienes y objetivos compartidos por todas las partes de una asociación. Y es precisamente porque son compartidos que no pueden identificarse con los intereses particulares de una de las partes: en este caso, las empresas energéticas. Se trata, en efecto, de una matemática política diferente a la proyectada por el poeta inglés: una en la cual la tensión entre el beneficio público y los intereses de cada una de las partes requiere de instituciones que la regulen.
En el caso de la energía, recuperar la rectoría del Estado en ese sector permite que el beneficio público se encuentre representado. Que la máxima organización colectiva tenga un asiento privilegiado en la mesa en la que se discuten los parámetros de bienestar de la nación. No se puede exigir de un pirata un comportamiento virtuoso, pero el Estado está obligado a ello.
Por la propia historia mexicana es entendible el recelo mostrado respecto a la capacidad del Estado de asegurar que los bienes y servicios públicos que pertenecen al común puedan estar al alcance de todos de manera eficiente. Tal vez si abandonamos definitivamente el imaginario de la fábula de las abejas nos podamos concentrar en discutir con más detalle los mecanismos que nos permitan asegurar que el Estado cumpla con la función social que le corresponde dentro de una sociedad democrática.
POR ADRIÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ
COLABORADOR
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