TIEMPO DE INFRAESTRUCTURA

Obras en el sector eléctrico

La soberanía nacional no se violenta por la participación privada en construcción de plantas de generación e infraestructura para cubrir las necesidades que se requieran

OPINIÓN

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Ernesto Beltrán / Columna invitada / Opinión El Heraldo de México

A través de la historia, los gobernantes han utilizado el sentimiento u orgullo nacionalista para promover y legitimar frente a sus ciudadanos los proyectos y reformas que consideran necesarias. México no es la excepción, uno de los mejores ejemplos es la expropiación petrolera. 

La nacionalización del petróleo tuvo como origen el desconocimiento y negativa de las compañías de ese sector a acatar el laudo emitido el 18 de diciembre de 1937 y confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante dicho escenario, el entonces Presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, recurrió a esta medida. 

En la propia exposición del Decreto Expropiatorio el Titular del Ejecutivo Federal se establece: “Que es del dominio público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron condenadas a implantar nuevas condiciones laborales […] expresaron su negativa a aceptar el laudo pronunciado, no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica[…]. Que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión total de actividades de la industria petrolera y en tales condiciones es urgente que el Poder Público intervenga con medidas adecuadas para evitar graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de las necesidad colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesarios […] circunstancias todas estas determinadas como suficientes para decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera”. 

Sin embargo, el discurso y la campaña propagandística emprendida con posterioridad a la determinación fue cargada con un profundo sentimiento nacionalista. Como refiere el historiador Omar Fabián González Salinas: “La reacción positiva que la población tuvo hacia la expropiación petrolera fue promovida en gran medida por el gobierno mediante un hábil manejo de un discurso patriótico y una maquinaria propagandística que abarcó desde manifestaciones públicas, discursos, imágenes, rituales celebratorios, organizaciones de masas, e inclusive hasta la labor de profesores dentro y fuera de las escuelas”.

Este sentimiento e identidad nacional creado en los mexicanos se ha mantenido, incluso podría afirmar que ha ido permeando otros sectores como el eléctrico.

Durante esta administración frases como “la defensa de la soberanía nacional”; “los recursos energéticos son de todos los mexicanos”; “la soberanía se entregó a los privados” o “los privados saquean los recursos energéticos” tiene el mismo objetivo al buscado por el general Lázaro Cárdenas. Al igual que en 1938, el objetivo es crear, mantener y crecer el respaldo de la población respecto a una reforma energética propuesta.

El discurso en lugar de la técnica para legitimar una reforma, al igual que en la mayoría de las administraciones, tiene como consecuencia la pérdida de credibilidad de la clase política mexicana. 

Prometer reducciones de hasta 50 por ciento en la tarifa eléctrica de aprobarse la iniciativa —como lo promocionan actualmente miembros del gobierno y del partido oficialista— es un simple buen deseo y un discurso electoral; como lo fueron en su momento las promesas de reducción de los costos con la simple aprobación de la reforma energética en 2013. 

El debate público en el sector eléctrico debe centrarse, entre otras cosas, en analizar sí el Estado tiene la capacidad para desarrollar infraestructura de esta industria es suficiente para cumplir con las necesidades de consumo actuales y de los próximos años.

La infraestructura eléctrica en la presente y pasadas administraciones ha sido deficiente en relación con las necesidades de suministro y el crecimiento económico. Lo anterior ha tenido como consecuencia altos costos de la tarifa eléctrica en distintas regiones del país, incapacidad de aportar un elemento esencial para mantener un crecimiento económico sostenido y un desincentivo para la inversión extranjera.

Ante dicho panorama, las decisiones políticas deben enfocarse en el desarrollo de la infraestructura eléctrica basados en la técnica y una visión objetiva. En la medida de que las decisiones se basen en ideología, el retraso en el desarrollo de la infraestructura eléctrica irá acentuándose, generando falta de oportunidades para los ciudadanos y las futuras generaciones. 

El desarrollo del sistema eléctrico del país es un tema de seguridad nacional. El servicio e instalaciones precarias ocasiona dificultades en la operación del sistema hospitalario, telecomunicaciones, seguridad pública, por mencionar algunos de los más críticos. 

La soberanía nacional no se violenta por la participación privada en la construcción de plantas de generación, de líneas de distribución o transmisión e infraestructura para cubrir las necesidades propias que requiera. La soberanía nacional en materia de explotación de recursos energéticos es la capacidad del Estado en decidir de qué manera son explotados, no la exclusividad de las empresas del Estado para llevarlo a cabo.  

POR ERNESTO BELTRÁN NISHIZAKI

ASOCIADO DE GALTEC ASESORES

@ERNESTO_BN

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