No, desde luego, en su insistencia en que Pedro Salmerón ocupara la embajada de México en Panamá. No cuando, antes incluso de este episodio, Salmerón hubiera hecho apología del terrorismo –recuérdese su caracterización como “valientes jóvenes” de los integrantes de la Liga 23 de Septiembre, cuyo secuestro del empresario Eugenio Garza Sada costara a éste la vida. No cuando la propia cancillería panameña lo rechazara como representante de nuestro gobierno ante su país.
Tampoco en su nueva propuesta –que, además, llega tarde, tras un incidente diplomático que pudo haber sido evitado, y que el propio presidente mexicano alimentara al equiparar a la canciller panameña con la Inquisición– de que sea Jesusa Rodríguez en quien recaiga el encargo. No a la luz de sus declaraciones cuando senadora, como aquella en que exigía disculpas al actual gobierno español por la Conquista, o esa otra en que llamaba a expulsar de México a la Coca-Cola. Rodríguez es muchas cosas; diplomática no.
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Tengo, sin embargo, que conceder razón a López Obrador cuando, a la luz de las denuncias por acoso sexual que costaron la designación a Salmerón –presuntamente presentadas por ex alumnas suyas del ITAM tanto en redes sociales como ante las autoridades de esa institución–, afirma que “no se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la Ley, si no hay pruebas” y que “la autoridad competente debe resolver, pero no hacer juicios sumarios”.
Salvado el escollo de la comisión diplomática a Salmerón, estamos en un escenario en el que todos (y todas) pierden. Si fuera un delincuente sexual, ante la falta de todo proceso penal, no sólo permanecería impune, sino que seguiría libre para acosar a otras víctimas potenciales; si no lo fuera, sería él la víctima de una injusticia: su reputación habría sido lesionada y esto tendría repercusiones acaso inmerecidas para su futuro profesional.
El presidente ha dicho que las presuntas víctimas deben “presentar sus denuncias y acudir al Ministerio Público”; a lo que #MeTooITAM ha respondido que su declaración “revictimiza específicamente a las estudiantes que han tenido que enfrentar un aciago proceso antes de atreverse a dar testimonio sobre su situación y, al mismo tiempo, da cuenta del desconocimiento de la autoridad sobre las violaciones que vuelven a sufrir las mujeres que reclaman ante instancias como el Ministerio Público”. Acaso sea así.
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Pero difícilmente será solución una vía que pasa por el desdén al debido proceso y la posibilidad de que los delitos permanezcan impunes.
¿Será que podremos aprovechar este episodio para volver a discutir el marco jurídico del acoso sexual y abrir la posibilidad de que se investigue de oficio en todos los casos? ¿O nos conformaremos con ver como se aleja esa oportunidad a bordo del tren del mame?
NICOLÁS ALVARADO
IG: @nicolasalvaradolector
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