La corrupción ha sido un lastre para el crecimiento económico de México y con el gobierno actual lo ha sido más.
La llegada al poder del grupo político encabezado por Andrés Manuel López Obrador se ha traducido en un deterioro del Estado de derecho en México. En lo que va de su gobierno, el país cayó 21 lugares en el Índice de Estado de Derecho, al pasar de la posición 92 a la 113 de 139 países que analiza el reporte Rule of Law Index publicado por el World Justice Project.
Esto ubica a México como uno de los países con mayor corrupción en el mundo. Mientras que en 2018 compartía un lugar similar al de países como Rusia o República Dominicana, ahora comparte la parte baja de la tabla con Angola y Madagascar.
Por otro lado, el INEGI documentó que entre 2017 y 2019 la prevalencia de la corrupción aumentó en 7.5 por ciento.
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Se puede decir que, con el gobierno del presidente López Obrador, la corrupción ha crecido y la economía se ha contraído.
Un estudio realizado por el académico Robert Barro tres décadas atrás, identificaba que la diferencia de crecimiento económico podría superar el 30 por ciento entre países con un débil estado de derecho y países con un fuerte estado de derecho.
La corrupción en México aniquila nuevos horizontes de crecimiento y se vuelve superlativa cuando los conflictos de intereses vienen desde la familia presidencial. Cada día se acumulan más casos que revelan la naturaleza extractiva de rentas del grupo en el poder.
En torno a la figura del presidente se han documentado casos de recepción de dinero de forma no legal como los de sus anteriores secretario particular y secretario de finanzas; de su actual secretaria de Educación Pública, su hermano y varios allegados más. Más recientemente, se ha ventilado un grave conflicto de interés del hijo del presidente donde se puede presumir que recibe favores de empresas contratadas por el gobierno.
Diametralmente distintos son el discurso presidencial anticorrupción de la práctica de gobierno que deja la tierra fértil para el desarrollo del árbol de la deshonestidad.
De forma sistemática, el gobierno otorga asignaciones directas en ocho de cada diez contratos, dejando espacios para la corrupción y restando oportunidades para el crecimiento del país, en detrimento de las familias mexicanas que se esfuerzan por salir adelante para lograr la tan anhelada movilidad social.
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La corrupción no solo deja oportunidades perdidas, también deja a niños sin medicamentos, apoyos que llegan de forma incompleta, programas que generan desforestación, respiradores que no llegaron o se pagaron a un precio varias veces más alto.
La resistencia presidencial para impulsar el funcionamiento de un Sistema Nacional Anticorrupción o simplemente la ausencia de pudor para beneficiarse del erario, será un costo por pagar de toda una generación. Tal parece que AMLO quiere instaurar un Sistema Nacional Pro-Corrupción.
POR FAUSTO BARAJAS
ESPECIALISTA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
FAUSTO1707@YAHOO.COM.MX
@FAUSTOBARAJAS
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