Durante la pandemia por COVID-19 el acceso a la justicia digital se ha visto condicionado por diversos factores.
La falta de una infraestructura tecnológica, los escasos recursos materiales e insuficientes recursos humanos capacitados del poder judicial, además de la brecha digital existente, -tan sólo 5 de 10 hogares tienen internet y sólo 4 de 10 diez poseen una computadora, laptop o tableta-, han hecho que la e- justicia como oportunidad de utilizar la tecnología para consolidar la eficacia y eficiencia en la impartición de la justicia represente un gran reto.
En un inicio, el confinamiento obligatorio constriñó a los juzgados a cerrar sus puertas y suspender los plazos y términos, por qué sólo en 10 Estados de la República se podía presentar una demanda en línea, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca y Yucatán no tenían los medios electrónicos disponibles para garantizar el acceso a la justicia digital.
De modo que, el Poder Judicial decidió afrontar esta situación a través de diversos acuerdos celebrados en 2020, lo que permitió la modernización de su sitio web, el uso de firmas digitales para evitar acudir de forma presencial a los tribunales, la utilización del correo electrónico como medio de notificación y avanzar en la digitalización de los expedientes. Sin embargo, el proceso de digitalización no ha sido suficiente.
En la actualidad, se continúan evidenciando las deficiencias en este proceso, porqué existe un fuerte rezago en la implementación de herramientas tecnológicas que garanticen el debido acceso y ejercicio de la justicia digital.
De acuerdo a un estudio presentado por la organización México Evalúa, la realidad de los poderes judiciales estatales se exhibe debido a la falta de herramientas tecnológicas, al mostrar que tan sólo 13 poderes judiciales locales cuentan con un expediente electrónico avanzado, únicamente 9 tienen una plataforma para presentar las demandas, meramente 29 cuentan con un sistema de gestión, y en sólo 24 se puede acceder a la versión pública.
Si bien, 15 de estos poderes tienen acceso a la firma electrónica y una plataforma para presentar los recursos, exclusivamente en el Estado de México y Nuevo León se tienen juicios en línea, mientras que en Guerrero y Tlaxcala no se pueden celebrar audiencias por video conferencia.
La realidad nos presenta una falta de homogeneidad para garantizar el acceso a la justicia digital que hace que esta no sea accesible, asequible, eficiente y confiable para todos, afectando mayormente a los grupos vulnerables.
Por ello, es necesario que se destinen mayores recursos a los poderes judiciales locales para apresurar su reestructuración tecnológica, pero al mismo tiempo que se invierta en infraestructura, a fin de disminuir la brecha digital por medio de una educación digital incluyente.
Lo anterior, si queremos que la e-justicia responda a las exigencias y necesidades de nuestra sociedad de cara a una realidad digital que llegó para quedarse.
POR HILDA NUCCI
COLABORADORA
@HILNUCCI
PAL