Con la discusión de la reforma eléctrica y la realización de la revocatoria de mandato en abril llegamos a la parte angosta de la segunda mitad del sexenio. Luego de esta curva los proyectos de reforma fiscal y electoral esperan turno. En conjunto, el objetivo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es consolidar el viraje en las relaciones entre el Estado y la sociedad iniciado en 2018.
Mientras que para algunos escépticos el tono refundacional adoptado por el gobierno de la llamada “cuarta transformación” puede parecer exagerado o simplemente parte de una retórica inflamada, en realidad es innegable que estamos asistiendo a una reforma del Estado que marca un antes y un después en la vida pública de nuestro país. Los nuevos derechos sociales inscritos en la Constitución, la aparición de nuevas instituciones democráticas como la revocación, la importancia dada a los mecanismos de control y fiscalización de la corrupción, la reasignación de las prioridades presupuestales, así como también la creación de la Guardia Nacional nos hablan de un cambio de largo aliento que se cristaliza en una nueva configuración estatal.
Esta transformación de las relaciones que las instituciones públicas mantienen con la sociedad y sus grupos es la gran apuesta del gobierno federal. Sin duda se deben discutir y examinar con cuidado los alcances y límites de estos cambios, pues en ellos se alojan consecuencias de largo aliento que trascienden al gobierno de turno. Es innegable que el (o la) que llegue a la presidencia en 2024 se encontrará con una maquinaria de gobierno distinta a la que recibió López Obrador cuando inició su mandato en 2018.
Dentro de este proceso sólo cabe esperar una intensificación del conflicto político. La reforma del Estado inevitablemente trastoca las relaciones de fuerza al interior de la sociedad. Actores que antes tenían acceso privilegiado a las instituciones públicas se han visto desplazados. Las prioridades del Estado también han cambiado y la convivencia con el poder económico dejó de normalizarse y ahora está en el centro del ojo público. En este sentido la reforma del Estado es también una discusión sobre cómo se distribuyen los costos y beneficios en la estructura social. La reforma eléctrica parece ser uno de los territorios elegidos para que los sectores políticos, económicos y sociales que se oponen a la transformación del Estado proyectada por el gobierno intenten condicionar este proceso.
Habrá que estar preparados y atentos para que en el revoleo de impugnaciones y señalamientos no se pierda el eje fundamental del debate. La reforma del Estado no es tanto un asunto técnico-burocrático: se trata de una decisión colectiva respecto a los principios bajo los cuales queremos organizarnos como sociedad y que son, en última instancia, los que le asignan al Estado una función social específica. Se advierte entonces por qué la necesidad de un debate público transparente.
POR ADRIÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ
COLABORADOR
@ADRIAN.VELARAM@GMAIL.COM
MAAZ