Emilio Lozoya, el preso gourmet, acusó a Ricardo Anaya hace ya tiempo de haber sido sobornado por la empresa Odebrecht. Dijo que Anaya había recibido 6.8 millones de pesos cuando era presidente de la Cámara de Diputados, con objeto de que apoyara la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
Ahora sabemos, de acuerdo a lo que ha establecido la propia FGR, que el único beneficiado de los sobornos fue el otrora director de Pemex, y que éste canalizó los dineros a cuentas de miembros de su familia. Ante dicha conclusión, la acusación que pende sobre Ricardo Anaya y el encarcelamiento del exsenador Jorge Luis Lavalle no tienen razón de ser.
Y si ya se determinó que el único sobornado fue Lozoya, ¿cuáles son los argumentos para demandar, perseguir, procesar y ahora buscar una orden de aprehensión en contra del excandidato Anaya?
No defiendo a Ricardo Anaya, ni su trayectoria ni su figura política, más ello no es óbice para señalar —una vez más— que la FGR no está actuando, en este caso, ni de manera legal ni tampoco de forma independiente o autónoma. No se desempeña bajo el precepto de buscar la impartición de justicia, sino el de consagrarse como un garrote político de los “enemigos” de la Cuarta Transformación.
Este antecedente —y otros que conocemos— hacen que no sea sorpresivo el que Anaya se abstuviese de comparecer ante el juez de forma reiterada, siendo la más reciente ocasión cuando fue citado hace dos días. Existe la posibilidad fundada de que la FGR tiene instrucciones de detenerlo y ponerle en prisión preventiva, como ocurrió con Lavalle.
El juez Fuerte Tapia consideró injustificada la ausencia del excandidato presidencial y autorizó a la Fiscalía llevar a cabo una orden de aprehensión. Llama la atención que no se dé por sobreseído el asunto o que no se haya exigido a la FGR justificar el porqué continuar con el caso. De igual forma, la petición de la defensa del excandidato de prolongar la audiencia para poder revisar el expediente a mayor profundidad fue negada. No hubo un guiño de parte de la autoridad que le abriera espacio para exponer su inocencia.
En su video semanal, Ricardo Anaya consideró que el gobierno ataca opositores y defiende delincuentes. Más allá de sus comentarios, es válida y necesaria la pregunta ¿se justifica la persecución de esta figura cuando la misma Fiscalía señala que la culpabilidad sólo recae en Emilio Lozoya? ¿Cabe la posibilidad de que el caso no se base en una razón jurídica o legal? Es momento de que la Fiscalía muestre congruencia en la certeza jurídica y dé cuenta de su actuar a la opinión pública.
En mi opinión, la FGR debe enfocar sus pesquisas en lograr investigaciones sólidas en contra de los delincuentes que asolan el país, entre ellos los responsables de tantos asesinatos de periodistas. El móvil de la actuación de la Fiscalía y de todo el aparato de procuración de justicia en México debiera estar absolutamente dedicado a lo legal y totalmente libre de fines políticos.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
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