¿Qué hacer para que la oposición institucional, así como la sociedad civil, pasemos de nuestra indignación digital a la acción terrenal frente a un gobierno que cada vez comete más delitos y destruye con mayor rapidez nuestra democracia?
El ataque inaudito, ilegal y potencialmente peligroso de López Obrador contra el periodista Carlos Loret de Mola, como venganza por haber exhibido –otra vez– la presunta corrupción de la familia presidencial, provocó un fuerte rechazo social: “hoy AMLO cruzó una línea roja inaceptable”, “hoy el país empieza a despertar”, fueron algunas frases reiteradas, pero a las que habría que darles contenido práctico para que tengan costos concretos.
No pocos analistas y periodistas aún insisten en la idea absurda de que “al Presidente no lo informan bien sus asesores” y por eso “comete errores”. Hay que ser ingenuo para seguir creyendo ese cuento, y hay que ser deshonesto para seguir propagándola; AMLO sabe perfectamente que traiciona la Constitución, que destruye las instituciones y desmantela la democracia.
Lo de AMLO no es ignorancia, es un acto deliberado. Y si no se detiene es porque, hasta ahora, ha visto que no hay consecuencias: su popularidad sigue alta, su partido –aunque desgastado– sigue ganando elecciones y sus opositores continúan sin ofrecer un proyecto alternativo y atractivo. Basta ver cómo, tras la evidencia contundente por presuntos abusos de su familia, lejos de disculparse o transparentar, redobló sus mentiras, cada vez más burdas, y sus ataques contra la prensa, para tratar de exculpar las turbias conexiones de su hijo.
Ejercicios como el “space” de Twitter al que concurrieron decenas de miles de participantes son sin duda ejercicios positivos. Y se requieren más espacios como ese, acompañados de acciones que impongan mayores costos al régimen: de entrada, un costo electoral. Ello implica, entre otras cosas, que tanto la sociedad civil como la oposición partidista “bajen a tierra” estos escándalos e ilegalidades del gobierno, para que permeen en la opinión pública amplia, más allá de las redes sociales y los círculos informados. Específicamente, se debe evidenciar, ante quienes aún le dan el beneficio de la duda, la hipocresía de la falsa austeridad y honestidad, que es lo que tiene hoy desesperado al gobierno; porque si pierde eso pierde su principal fuente de legitimidad popular.
Hay, pues, que insistir ahí donde duele y no dejarse distraer por las “cortinas de humo” como la pelea con España y demás “cajas chinas”.
Idealmente, los abusos del gobierno también deberían tener consecuencias legales. Sin ir muy lejos, en su más reciente diatriba el Presidente violó cuando menos el artículo 16 constitucional; el 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; los 6º y 31 de la Ley General de Datos Personales y el 69 del Código Fiscal de la Federación. En cualquier democracia funcional el titular del Ejecutivo estaría en la antesala del juicio político. Pero como esto no sucederá en México, lo inmediato es buscar costos electorales para el lopezobradorismo.
Otra tarea pendiente, nada fácil pero indispensable y que se evidencia del caso Loret de Mola, es buscar diálogo y suma de esfuerzos entre partidos opositores y sociedad civil organizada. Habrá que superar muchas suspicacias, desconfianzas y prejuicios (algunos sin duda justificados), pero es este un frente indispensable, si no es que el único, en la defensa de nuestra democracia.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
@GUILLERMOLERDO
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