Recién se filtró un proyecto de reforma legal realizado por la Consejería Jurídica de Presidencia para inducir a un coma profundo al Sistema Nacional Anticorrupción, pues propone desaparecer a la Secretaría Técnica del Sistema, empaquetándola con otras quince instituciones a las que se desea eliminar de autonomía técnica, absorbiéndolas las Secretarías de Estado.
El argumento es la trillada austeridad, que en este caso implica un desmantelamiento al análisis técnico independiente y a los datos y trabajos generados desde 2016 para generar inteligencia que permite combatir la corrupción. Los ahorros que se generarían con la desaparición del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción son pírricos comparados con su utilidad pública, por ello, es notoria la intención de dejar al Sistema Anticorrupción conectado a un respirador artificial, pues esa ha sido la intención en los últimos años al recortar reiteradamente el presupuesto de la Secretaría Técnica, quedando para el 2022 un Secretariado que funciona con sólo el veinticinco por ciento de su presupuesto original.
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Aún con ese débil presupuesto, el Secretariado, acompañado por la sociedad civil y el apoyo internacional, ha logrado una Plataforma Digital Nacional que aloja información de utilidad pública como las declaraciones 3 de 3 de funcionarios de toda la República, órdenes de gobierno, Poderes de la Unión y organismos autónomos, y el registro de personas sancionadas por delitos de corrupción, entre otros sistemas.
Asimismo, el Secretariado, en coordinación con los Comités de Participación Ciudadana y las Secretarías Técnicas de los sistemas anticorrupción de cada entidad federativa, ha logrado la Política Nacional Anticorrupción que ha sido el marco para las políticas locales. Tanto la implementación de la Política Anticorrupción como la Plataforma Digital Nacional, son ejemplos de lo que se mandaría a dormir de un plumazo, al eliminar al ente independiente que lo ha logrado. Además, en el caso de la Plataforma Digital Nacional, la Secretaría de la Función Pública no podría tener a su cargo la administración y coordinación de la información de otros Poderes de la Unión, órdenes de gobierno y entes autónomos. Esperamos que quien impulsa este proyecto de reforma, valore la utilidad pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, frente a la intención de cooptarlo desde la Administración Pública central.
Los insignificantes ahorros que representa la desaparición del Secretariado, fortalecen la sospecha de que prefieren matar al Sistema Anticorrupción ante su resistencia a los fallidos intentos para lastimarlo, pues no lo logró ni la parálisis de los nombramientos ciudadanos por más de diez meses por culpa del Senado, ni tampoco se murió de inanición con la reiterada reducción presupuestal, es por ello que ahora los asesinos del Sistema, preparan un arma más letal, pero como tal asesinato sería muy costoso políticamente, la estrategia parece ser “dejar morir a la víctima”, a nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, mandándolo a un coma inducido hasta que se vaya desconectando poco a poco del respirador artificial, y así podrían argumentar una “muerte natural”.
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Sociedad civil, academia y organismos empresariales e internacionales alzaremos la voz y acudiremos al Poder Judicial e instancias internacionales, para revertir ese coma inducido en caso de realizarse, pues el Sistema Anticorrupción es una victoria cívica que no estamos dispuestos a ceder. #OpiniónCoparmex.
Leonor Quiroz Carrillo
Presidenta de la Comisión Nacional de Ética e Integridad de Coparmex
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