Durante su campaña electoral y los primeros años de su administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador repetía con frecuencia que él sería un presidente no sólo apegado al cumplimiento de la ley, sino que se opondría con vehemencia a que otros actores políticos y sociales, o agentes económicos, pretendieran ignorar la ley. “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, solía decir. En un país con un déficit de siglos en la aplicación de la ley, sus palabras anunciaban en forma muy refrescante que su llegada al gobierno federal significaría una profunda renovación. México tendría un titular del poder ejecutivo comprometido profundamente con la legalidad, con la Constitución y la aplicación de las leyes. Enhorabuena. Muchas mexicanas y mexicanos creyeron en esas palabras.
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Era una buena noticia porque la ausencia de estado de derecho en una sociedad es el mayor lastre para su desarrollo. Los ejemplos históricos y contemporáneos abundan. Esa fue la diferencia entre sociedades exitosas en el siglo pasado. Esa es, en el fondo, la mayor diferencia entre una sociedad con un elevado índice de desarrollo humano, y una sociedad plagada de conflictos, de subdesarrollo, de criminalidad y de desigualdad, sobre todo de desigualdad ante la ley.
Cuando la población de un país comprueba en su vida diaria que la Constitución y las leyes que la rigen no son un adorno, ni letra muerta, sino que son los determinantes más importantes de la conducta de sus miembros, especialmente de aquellos que representan al estado, se fortalece la confianza de la sociedad, y se amplía y profundiza el sentido de pertenencia a una comunidad nacional. La aplicación de la ley sin distinciones, sin discriminación, da seguridad de que nuestra confianza tiene fundamento, y no se verá traicionada.
En muchos momentos de nuestra azarosa historia esa confianza se ha perdido porque los gobernantes de turno simplemente ignoraron el espíritu y letra de la Constitución. Sus acciones y omisiones debilitaron o ignoraron la aplicación de la ley. El estado de derecho fue reemplazado por los dictados, designios, prejuicios, ideología o los simples apetitos del poderoso del momento. “Se hace esto porque ya lo decidí así, por mis pistolas,” sin reflexionar que al proceder de esa manera cavaban su propia tumba histórica.
Los más graves daños al desarrollo no sólo de México, sino de muchas naciones latinoamericanas, tuvieron su origen en esa circunstancia, en la ignorancia consciente de la ley. Cuando se deterioró el estado de derecho, se debilitó la cohesión social, la confianza en el futuro, y la viabilidad de grandes proyectos. La no aplicación de la ley está en la raíz de dos de nuestras más grandes lacras históricas, como han sido siempre la corrupción y la impunidad. En las sociedades donde se aplica la ley, la corrupción tiende a reducirse, y la impunidad desaparece.
Desde luego que La Constitución y las leyes no son inamovibles. Cualquier sociedad viva, moderna, exige un proceso constante de análisis y revisión de las normas que la rigen y, en muchas ocasiones, de su propia ley suprema. Esa circunstancia se explica aún más cuando un nuevo gobierno considera que representa una transformación profunda de la sociedad.
Pero en un estado democrático hay procedimientos que la propia Constitución define para hacer los cambios que demanda la población, o aquellos que favorece el grupo gobernante. En cualquier caso, lo que no debe hacer ese gobernante en turno es ignorar las leyes vigentes, porque está minando el estado de derecho, la seguridad y la confianza de la sociedad que temporalmente gobierna. En última instancia, erosiona su propia autoridad moral y política.
Lamentablemente, en los últimos días hemos visto que el Presidente ignoró la Constitución y las leyes que nos rigen. Lo ha hecho con sus acusaciones públicas a empresas españolas de haber sido parte de un contubernio con anteriores gobiernos mexicanos y españoles. No cabe duda de que esas acusaciones públicas se han expresado con absoluta convicción.
Pero nuestra Constitución y nuestras leyes marcan los procedimientos legales que tales acusaciones exigen para ser tomadas con seriedad. El gobierno debería recabar la información y las pruebas en que se sustentan esas acusaciones y presentarlas ante el Ministerio Público, para que éste realice las investigaciones correspondientes y se presenten ante el poder judicial. Solamente a un Juez corresponde decidir y sancionar si las acusaciones son sólidas. No proceder de esa forma debilita el estado de derecho, la confianza de la sociedad, y en particular entre agentes económicos externos e internos, y de otros gobiernos, que desconfiarán de hacer transacciones o invertir en nuestro país.
El Presidente también ignoró lo que señalan nuestra Constitución y varias leyes al hacer pública supuesta información sobre los ingresos de un periodista que ha sido crítico de su administración, lo que ha motivado una enorme ola de preocupación entre muchos sectores de la población, por la inseguridad que significa para cualquiera que sea el propio presidente quien haga pública información de ese tipo. Fue un asalto a la libertad de expresión, en un momento en que se han incrementado los ataques y asesinatos de periodistas.
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Por el bien de todos, y particularmente de los grupos más vulnerables, esos que sufren la mayor desigualdad ante la ley, es momento de recuperar la calma, la serenidad, de reflexionar a dónde nos lleva a todos debilitar aún más el estado de derecho. El gobierno está muy a tiempo de hacer un alto en el camino y reparar en el hecho de que todas las administraciones anteriores que fracasaron, a pesar de sus grandes empeños, fue porque se alejaron de la aplicación de la ley.
El camino de la Cuarta Transformación, como de cualquier gobierno que aspire a lograr un lugar distinguido en la Historia (con mayúscula), debe ser el camino de la Constitución, de la aplicación de la ley, y del fortalecimiento del estado de derecho. La única manera de darle viabilidad y hacer permanentes sus ideales de justicia, de eliminación de la pobreza y la desigualdad, es a través de la Constitución que nos rige y de las leyes que de ella emanan. Con el mayor respeto, es el momento de volver a su díctum para no olvidarlo jamás: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS
PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@miguelrcabanas
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