Después de la elección de 2006, los grupos derrotados impulsaron una reforma electoral que modificó el funcionamiento del IFE, cambió el régimen de partidos y, sobre todo, diseñó un nuevo sistema de comunicación política.
El objetivo era evitar a toda costa que los medios influyeran en las preferencias de los electores, ya fuera por la venta de promocionales o por la difusión de propaganda gubernamental. Por eso se prohibió a los partidos adquirir tiempos en radio y TV, y se impusieron severas sanciones a los medios que violaran esta norma. Según la oposición de entonces, esa había sido una de las razones de la derrota de su candidato, quien hoy es el Presidente de la República.
La reforma de 2007 incluyó la prohibición, a todos los órdenes de gobierno, de difundir propaganda gubernamental durante las campañas electorales, lo que significa una veda para anunciar avances y logros de gobierno, bajo el argumento de que eso podría influir en el voto ciudadano.
Lamentablemente nunca se definió con claridad el alcance de esa prohibición, y sólo sabemos que sí se pueden difundir mensajes relativos a la salud, la educación y protección civil.
Después de cinco elecciones federales, esa prohibición sigue vigente y los tribunales han tratado de precisar su alcance.
Para la revocación enfrentamos la situación compleja e incierta, dados tres acontecimientos: (1) El Tribunal Electoral decidió la semana pasada sancionar a 322 estaciones de radio y TV por retransmitir contenidos en los que funcionarios del gobierno, incluido el Presidente, violaron la veda de propaganda gubernamental en las elecciones de 2021. (2) La veda por la revocación de mandato comprende del 4 de febrero hasta el 10 de abril, y el Presidente la inició haciendo referencia expresa al proceso electivo en marcha. (3) Como era de esperarse, las quejas empezaron a llegar al INE y se inicia un nuevo enfrentamiento: por un lado, la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral le ordena al Presidente adecuar sus estrategias de comunicación para evitar hablar de la revocación de mandato; y por otro lado, el Presidente pide al Tribunal que le aclare qué se puede decir y qué no.
Para la consejera Adriana Favela, lo mejor sería que el Presidente se abstuviera de las mañaneras durante este periodo, lo que no parece factible, pues difícilmente el Presidente se quedará callado en la inauguración del nuevo aeropuerto, a finales de marzo.
Además, si los medios reproducen lo que presume el Presidente, podrían incurrir en falta.
El legislador no ha resuelto el problema desde hace 15 años, lo que coloca a todos los actores en un espacio de incertidumbre.
Creo que el Presidente sabe perfectamente qué no puede hacer en estas semanas, pero al parecer no es lo mismo redactar la ley, que hacerla valer. Será un elemento más de conflicto para el INE, porque es la típica situación en la que sus resoluciones satisfacen a unos y molestan a otros.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
INVESTIGADOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG
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